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El Consejo Gremial Nacional hizo un llamado urgente al Gobierno, en particular al Ministerio del Interior, para que se adopten medidas que permitan restablecer el orden público y levantar los bloqueos en la vía que conduce a la Central Hidroeléctrica El Guavio.
El organismo gremial señaló que la situación impide el ingreso de personal y maquinaria necesarios para adelantar el mantenimiento programado de la central más grande del país. En su comunicado, destacó que además de liberar la vía, es necesario que el Ministerio propicie espacios de diálogo con la comunidad, la empresa operadora y las autoridades locales, de manera que se logre una solución que permita superar las vías de hecho.
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El Consejo expresó su preocupación por las consecuencias que tendría el retraso de estas labores. Advirtió que la ausencia de mantenimiento podría causar daños graves en las turbinas y equipos, lo que afectaría directamente el suministro de energía en el centro-oriente del país y generaría impactos severos en la economía y en la seguridad de la población.
El pronunciamiento del Consejo Gremial se suma al llamado del Gobierno nacional, que este mismo lunes instó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín a permitir el ingreso de equipos a la central.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recordó que El Guavio tiene una capacidad instalada de 1.250 megavatios, equivalente al 6% de la matriz energética nacional, y subrayó que garantizar su mantenimiento es vital para la seguridad energética del país.
En paralelo, Enel Colombia, operadora de la central, reiteró que los bloqueos que se mantienen desde el 1 de agosto ya han retrasado más de 120 días el plan de mantenimiento de la bocatoma.La empresa advirtió que, de no poder ejecutar las maniobras previstas, la planta podría detenerse completamente por un tiempo prolongado, lo que impactaría la confiabilidad del servicio eléctrico en Bogotá y en los departamentos del oriente colombiano.
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El Gobierno ha insistido en que mantiene compromisos con las comunidades, que incluyen una inversión de 250.000 millones de pesos en la Troncal del Guavio, la creación de veedurías ciudadanas, el impulso a una comunidad energética en Ubalá y la instalación de una mesa jurídica para atender inquietudes sobre el servicio eléctrico.
