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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo una advertencia a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), tras la controversia generada por la solicitud que esa entidad hizo a varios medios de comunicación televisivos y radiales para que entregaran información sobre sus contenidos periodísticos y editoriales.
El funcionario señaló, a través de una carta de cuatro páginas dirigida a la directora de la CRC, Claudia Ximena Bustamante, que aunque el requerimiento formulado por la Comisión se presenta como técnico, su redacción mantiene un tono formal y obligatorio, lo que podría generar un efecto inhibitorio o de autocensura en los medios de comunicación.
En el documento, la Procuraduría advirtió que “persisten elementos susceptibles de comprometer la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación”.
Asimismo, el organismo observó que la solicitud podría comprometer la reserva de las fuentes, la confidencialidad de las deliberaciones internas y el secreto profesional del periodista.
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La entidad también advirtió que “el comunicado emitido posteriormente por la CRC no revoca el requerimiento inicial ni aclara expresamente el carácter voluntario o vinculante de la información solicitada, lo cual mantiene un riesgo potencial de afectación a la libertad de prensa, a la reserva profesional del periodista y al derecho de los medios a la confidencialidad de sus procesos internos”.
De hecho, la Procuraduría señaló que la CRC no cuenta con facultades expresas para requerir información interna de los medios sobre sus decisiones editoriales, lo que podría constituir una extralimitación de funciones.
El órgano de control solicitó además a la CRC remitir copia íntegra del documento emitido el 8 de octubre de 2025, incluidos sus anexos y destinatarios, así como el Acta n.º 154 del 10 de octubre de 2025 y los soportes técnicos o jurídicos que sustentaron su expedición.
También pidió que la Comisión informe sobre el marco legal y reglamentario que respalde la competencia de la Sesión de Contenidos Audiovisuales para solicitar información sobre procesos editoriales o informativos, y que aclare expresamente si la entrega de la información por parte de los medios es voluntaria u obligatoria, indicando además si existen consecuencias jurídicas por no remitirla.
Finalmente, la Procuraduría solicitó que la CRC presente un protocolo de manejo de la información que garantice la reserva y confidencialidad de los documentos recibidos, así como una descripción de la finalidad, alcance y uso previsto de los datos obtenidos en el marco del ejercicio informativo anunciado.
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El procurador general, Gregorio Eljach, ya se había pronunciado sobre el tema el pasado sábado, cuando afirmó en una declaración pública que, como jefe del Ministerio Público, no permitirá que desde las esferas oficiales del Estado se establezcan prácticas que vulneren la libertad de prensa y la libertad de empresa.
“No permitirá el Procurador que se atente contra este sagrado principio, que se funda en la libertad, la cual debemos cuidar y proteger, porque es nuestra responsabilidad”, enfatizó Eljach.
