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A pesar de que la Comisión de Regulación de Comunicaciones se retractó de la carta que les envió a medios de comunicación, en la que pedía tener acceso a información relacionada con los consejos editoriales, así como a sus políticas editoriales y acciones preventivas, documentos internos vigentes, procesos de decisión editorial y más; no se hicieron esperar las reacciones de rechazo frente a esta solicitud.
En primera instancia, se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa que cuestionó que la CRC sugiriera procesos sancionatorios en caso de no acceder a dicha solicitud.
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“Vemos con preocupación la carta enviada por la CRC a distintos medios, mediante la cual solicita documentos internos sobre sus procesos editoriales y advierte posibles sanciones. Este tipo de requerimientos ponen en duda los límites de su competencia y afectan la libertad de prensa”, señaló la FLIP.
“Entendemos que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene entre sus funciones analizar el pluralismo informativo y promover la calidad de los contenidos, pero dichas solicitudes exceden ese mandato y avanzan sobre ámbitos constitucionalmente protegidos por la libertad de prensa”, añadió la Fundación.
En otro aparte de la carta, la FLIP argumentó que la solicitud de la CRC no solamente violan la libertad de prensa sino que además genera censura: “En este sentido, peticiones como las que hace la CRC, sobre relatorías, actas o decisiones editoriales, constituyen una forma de censura indirecta: vulneran la reserva de fuente, afecta la autonomía editorial y genera un efecto inhibidor sobre la deliberación interna”.
En el mismo sentido se pronunció el Círculo de Periodistas de Bogotá que cuestionó la misiva enviada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y declaró la “alerta máxima” en la prensa colombiana.
“Desde hoy, sobre Colombia se cierne una peligrosa sombra sobre la libertad de prensa. Nuestra denuncia está basada en una comunicación oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones enviada todos los medios de comunicación en la que de manera perentoria, so pena de severas sanciones, les exige entregar "informaciones sobre las políticas internas, directrices o prácticas que aplica (el canal) para garantizar que la información difundida en los espacios periodísticos y noticiosos cumplan de manera simultánea con sus criterios sobre imparcialidad y objetividad", dijo en primera instancia el CPB.
“En el documento oficial, de manera ilegal, descarada y en abierta violación de la Constitución Política de Colombia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de las normas de la Organización de Estados Americanos, OEA y de la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de regulación de las Comunicaciones exige a los medios de comunicación que le entreguen información inmediata sobre los mecanismos de verificación, contrastación de datos y control de calidad de la información antes de su emisión", añade el documento con el que el CPB cuestionó esta solicitud por parte de la CRC.
Retractación de la CRC
Posterior al revuelo que hubo tras la solicitud de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, este organismo ofreció una rueda de prensa en la que hizo aclaraciones frente a su pedido y se retractó de la solicitud, asegurando que su intención no era intervenir en la línea editorial de los medios, sino conocer “las buenas prácticas” de las redacciones.
“Lo que nosotros buscamos con esto es conocer específicamente cómo es el ecosistema mediático, cómo efectivamente están garantizando ese pluralismo y esa imparcialidad informativa y cómo se están protegiendo las audiencias… Es un requerimiento de información para conocer qué están haciendo. Entonces, esto no está en el sentido de nosotros establecer reglas sobre la línea editorial de los medios de comunicación”, explicó en primera instancia la comisionada Andrea Muñoz.
“Nosotros no estamos buscando generar ningún tipo de dificultad en el ejercicio del quehacer de los diferentes medios, ni de los operadores cuando se trata de las competencias propias de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones”, añadió la comisionada Lina Duque.
Finalmente, las voceras de la CRC explicaron que no habrá sanciones para los medios que no accedan a entregar la información que pretenden solicitar y que el medio podrá explicar el porqué no facilitará dicho contenido.
“Si alguno de los medios considera que hay información reservada que no puede suministrar, es muy importante que nos diga qué tipo de información no nos suministra porque es confidencial y básicamente esa información es para nosotros poder hacer ese ejercicio de las funciones. Si hay alguna buena práctica que se tenga para manejar la imparcialidad, la veracidad, que no quieren que conozcan las otras personas, también pueden indicar que no la suministran en forma cerrada”, señaló finalmente la comisionada Muñoz.
