La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio de las EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, calificó como una decisión trascendental y ajustada a derecho el fallo del Consejo de Estado, que ordenó la suspensión provisional del Decreto 858 de 2025.
Esta es la norma mediante la cual el Gobierno Nacional pretendía implementar su nuevo modelo de salud, considerado "Preventivo, Predictivo y Resolutivo".
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La ejecutiva fue enfática en señalar que este decreto era la puesta en marcha de la reforma a la salud que se discute en la Comisión Séptima del Senado de la República.
“La decisión adoptada el día de hoy por el Consejo de Estado es de la mayor importancia para garantizar la continuidad en la atención a miles de pacientes. El Decreto 858 no era más que la intención del Gobierno de tramitar por decreto la reforma a la salud que aún no completa su trámite en el Congreso de la República”, señaló Vesga.
La dirigente gremial sostuvo que la medida del alto tribunal restablece el orden institucional y evita la aplicación de disposiciones que afectaban directamente la operación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la prestación de servicios a los usuarios.
“Es de la mayor importancia además porque afecta a una serie de resoluciones que se habían expedido en los últimos meses y que comprometían la operación de las EPS, la correcta atención a los usuarios, la distribución de la población y muchos otros aspectos”, explicó la presidenta de Acemi.
Vesga enfatizó que la decisión judicial constituye una garantía de estabilidad para el sistema y sus actores, en especial para los pacientes que dependen de la atención continua.
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“Es una decisión en derecho, fundamentada, que respeta el ordenamiento de nuestro sistema y protege a todos los pacientes en el sistema de salud”, puntualizó.
El pronunciamiento de Acemi se suma a las reacciones de diversos sectores del sistema sanitario, que han expresado su respaldo al fallo del Consejo de Estado y su llamado al Gobierno Nacional para que las transformaciones en materia de salud se realicen mediante los canales democráticos y legislativos correspondientes.