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La FM conoció en primicia que según organismos de inteligencia, César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, prófugo de la justicia como pieza clave en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y sobre quien pesa una circular roja de Interpol, estaría escondido en la región de El Catatumbo bajo protección de una persona clave del área de finanzas del ELN.
De acuerdo con los investigadores y agentes de inteligencia que le siguen el rastro a Manrique Soacha, tras intensas labores de investigación se logró detectar que el último destino del exfuncionario fue El Catatumbo, donde gozaría de la protección especial por parte de una persona clave en la estructura financiera de la guerrilla del ELN.
Fuentes de inteligencia indicaron a La FM que se indaga hasta qué punto esa presunta relación de César Manrique Soacha con una mujer de la estructura de finanzas del ELN, le habría permitido al exdirector de Función Pública lavar activos aprovechándose de esa conexión.
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En su momento, los fiscales a cargo del caso argumentaron que el exfuncionario del Gobierno representaba un peligro para la sociedad, que podría afectar el desarrollo del proceso penal que se adelanta en su contra estando en libertad, e incluso como sucedió que existía el riesgo de que se diera a la fuga para evadir a la justicia.
En el caso de Manrique Soacha, los investigadores buscan hacer efectiva la orden de captura emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta desde el pasado 29 de julio.
Por qué es investigado César Manrique
Manrique Soacha está vinculado formalmente a la investigación por la defraudación a la UNGRD, tras haber sido imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos, tras señalar que habría recibido una 'coima' de $3.000 millones de pesos luego de impulsar un contrato para la compra de 40 carrotanques en el año 2023.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Manrique Soacha presuntamente gestionó la reducción y liberación de 100.000 millones de pesos en un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a cambio de direccionar los contratos que surgieran de esas millonarias sumas de dinero y un porcentaje de esos mismos recursos, cercano al 7%.
De acuerdo con los investigadores, Olmedo López gestionó con Luis Carlos Barreto Gantiva y su jefe político, César Augusto Manrique Soacha, director en ese entonces del Departamento Administrativo de la Función Pública, el traslado de cerca de 100.000 millones de pesos a cambio de 'coimas' para que dichos funcionarios direccionaran a empresarios cercanos la contratación de plantas desalinizadoras, tanques de almacenamiento, molinos, carrotanques, pozos subterráneos.
En su momento, la fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, señaló que “en septiembre de 2023, usted planeó y asistió con Olmedo López y Barreto Gantiva a una reunión con funcionarios de la ANT y de la UNGRD con el propósito de dar celeridad al trámite de reducción y liberación de recursos del convenio número 9677-CV20 021 20 23 suscrito entre estas entidades, a cambio de controlar la contratación que se realizar por el valor de los recursos reducidos del convenio”.
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La Fiscalía alista el llamado a juicio
La FM también conoció que la Fiscalía General de la Nación última los detalles del escrito de acusación con el que llamará a juicio a César Manrique Soacha, como uno de los protagonistas del escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
El escrito de acusación que afina la Fiscalía es por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.
Sobre César Manrique Soacha también pesa una condena de 10 años de prisión por otro escándalo de corrupción en su calidad de gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro, frente a los contratos para la adquisición de 100 motos eléctricas para la Policía Metropolitana de la ciudad..
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