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Diana Muñoz Castellanos, abogada del condenado contratista Emilio Tapia, rompió su silencio en entrevista con La FM tras conocerse la decisión del pasado 10 de octubre, de revocarle la libertad condicional a su cliente.
Sobre Tapia pesan condenas por el escándalo de corrupción de Centros Poblados y del carrusel de la contratación en Bogotá.
Según la abogada Muñoz Castellanos, Emilio Tapia no es un prófugo de la justicia ya que el mismo día que se conoció la decisión del juez 15 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, Juan Guillermo Salazar Arboleda, de revocarle la libertad condicional, envío las respectivas comunicaciones a su juez de ejecución de penas de Barranquilla y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para ponerse a su disposición.
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Muñoz aseguró que, hasta el momento, no ha recibido respuesta alguna de que se haya emitido formalmente una orden de captura en su contra.
La decisión del juez de segunda instancia de Bogotá ordenó la captura inmediata de Emilio Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que “el sentenciado prenombrado (Tapia) continué con el tratamiento penitenciario a que viene siendo sometido, en el establecimiento penitenciario que disponga para tal fin el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC”.
No obstante, su abogada sostiene que, a la fecha, no ha sido emitida tal orden de detención por parte de una autoridad judicial competente y por ello, el tiene pleno derecho de seguir gozando de su beneficio de libertad condicional.
“Emilio no está prófugo de la justicia. Incluso, desde el día uno nos pusimos a disposición del juez de ejecución de penas y también nos pusimos a disposición del Inpec. Emilio no solamente está de cara a la administración de justicia en este asunto, sino que sigue colaborando con la administración de justicia en los demás procesos en los que él ha venido sirviendo como testigo. Entonces, en conclusión, él no está prófugo de la justicia”, indicó la abogada Muñoz Castallenos.
Así mismo sostuvo, que aunque contra la decisión del juez de Bogotá no procede ningún recurso legal, al tratarse de una providencia de segunda instancia, si requiere un trámite que debe ser ejecutado por el respectivo juez de ejecución de penas.
El expediente en el caso de Emilio Tapia se encuentra bajo el conocimiento de la juez primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón, quien el pasado 14 de abril le concedió la libertad condicional
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De igual forma, señaló que contrario a ello, Emilio Tapia ha estado y seguirá colaborando eficazmente con la justicia en calidad de testigo en los procesos de corrupción por los cuales fue condenado y logró acuerdos de negociación como lo el llamado carrusel de contratos en Bogotá y el de Centros Poblados.
Seguridad de Tapia
La abogada Muñoz Castellanos añadió que, debido a la colaboración que viene suministrando a la justicia, la seguridad de Emilio Tapia Aldana y su familia es muy sensible, pero su ubicación si fue puesta en conocimiento de su juez de ejecución de penas.
Al ser interrogada frente al lugar donde se encuentra Emilio Tapia su abogada señaló: “En razón de esas circunstancias de seguridad, pues es información que de preferencia no se divulga. No porque esté prófugo, porque insisto, no lo está, Emilio no está prófugo de la justicia, pero tiene una situación de seguridad muy sensible que ordena prudencia frente a ese lugar donde se encuentra”.
La juez primera de ejecución de penas de Barranquilla, Claribel Fernández Castellón, en la actualidad enfrenta una investigación la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido al dejar en libertad a Tapia Aldana.
Aunque en su oportunidad la funcionaria aseguró que Emilio Tapia ya cumplió con las tres quintas partes de su condena, es indagada disciplinariamente por qué no tramitó a tiempo un recurso que presentó la Procuraduría, que se opuso a la libertad condicional del condenado por corrupción.
Emilio Tapia en la actualidad es conyugue de la representante a la Cámara por el Partido de La U, Saray Robayo. Tiene una hija menor de edad y, en su momento, su defensa argumento que su vida está en riesgo producto que desde el año 2013 goza de un principio de oportunidad, que ha sido prorrogado, debido a que aún sirve de testigo contra varios investigados por el carrusel de contratos.
Las condenas de Emilio Tapia
Emilio Tapia fue condenado a siete años de prisión en 2015 por hurto agravado, calificado y falsedad en documento privado en el marco del escándalo del carrusel de los contratos en Bogotá y en 2019 recibió libertad condicional.
Sin embargo, en septiembre de 2021, faltando cinco meses para cumplir su condena, fue recapturado tras solicitud de la Fiscalía por cometer delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado, en el marco del caso de corrupción de Centros Poblados.
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Por este último fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por haber orquestado parte del entramado criminal en torno al anticipo de los 70.000 millones de pesos del billonario contratos suscrito entre Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), para llevar internet a las zonas más apartadas del país.
En su momento según las investigaciones “luego de la adjudicación, se otorgó un anticipo al contratista por 70.000 millones de pesos, de los cuales $6.182’651.043 fueron entregados a Emilio Tapia, quien presuntamente giró 1.118 millones de pesos a los dueños de las compañías que facilitaron la creación de la unión temporal. Estos movimientos se hicieron en dólares con destino a Miami (Estados Unidos)”.
Fuentes consultadas en el Inpec dejaron en claro que son las autoridades judiciales competentes las encargadas de velar porque se haga efectiva y legalizar la respectiva captura de Emilio Tapia y posteriormente, ponerlo a disposición del instituto, para definir su sitio de reclusión.
