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El Ministerio de Minas y Energía solicitó a los directores de las entidades adscritas al sector que presenten su renuncia protocolaria, como parte de un proceso de revisión interna de la gestión.
La instrucción fue enviada desde el despacho del ministro Edwin Palma, e incluye a las cabezas de cinco entidades clave en la administración de los recursos naturales y energéticos del país.
Entre los funcionarios a quienes se les pidió la renuncia se encuentran Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM); Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano (SGC); Danny Ramírez, director del Instituto de Planificación y Promoción Energética para las Zonas No Interconectadas (IPSE); y Manuel Peña, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
Todas estas entidades tienen un papel determinante en un momento en que el país enfrenta debates sobre el riesgo de un eventual apagón, la necesidad de importar gas tras perder la autosuficiencia en ese combustible, el freno en la actividad minera —en especial la del carbón— y los ajustes en la regulación de tarifas de energía.
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En el caso de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la solicitud no se extendió a los comisionados, ya que sus periodos son fijos por cuatro años. Sin embargo, sí se pidió la renuncia a algunos funcionarios de nivel directivo, según confirmó una fuente del Ministerio.
Por su parte, en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), no se solicitó ninguna renuncia, debido a que sus colaboradores están contratados bajo otras modalidades y no ocupan cargos de libre nombramiento.
Desde el Ministerio de Minas y Energía insistieron en que las renuncias solicitadas son de carácter protocolario y no reflejan una crisis interna. Sin embargo, para fuentes confirman que, los movimientos podrían responder a una reconfiguración del sector en el último año de gobierno y en vísperas del periodo electoral.
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Recientemente, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca modificar la forma en que se prestan y se cobran los servicios de energía eléctrica en Colombia, con el objetivo de aliviar el costo para los hogares más vulnerables y fortalecer la sostenibilidad del sistema.
Según explicó el ministro, la propuesta apunta a “democratizar y garantizar el acceso a la energía eléctrica, especialmente para los estratos 1 y 2”, a través de ajustes en la regulación tarifaria y la forma en que se aplican los subsidios.
El proyecto, compuesto por 14 artículos, contempla medidas como separar el cobro de la energía del de otros servicios públicos, salvo en los municipios donde se factura de manera conjunta con aseo, saneamiento o alcantarillado.
También propone una revisión del sistema de estratificación socioeconómica y la creación de mecanismos tarifarios especiales que incentiven la industrialización mediante fuentes limpias.
