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La Corte Suprema de Justicia negó una tutela instaurada por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, que pretendía tumbar la medida de aseguramiento impuesta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en su contra, luego de ser hallado presunto responsable en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional par la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Sala de revisión del alto tribunal sostuvo que la acción de tutela no fue creada para reemplazar la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá que impuso medida de aseguramiento contra el exfuncionario, luego de cursar un proceso judicial en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, (el primero en calidad de autor y los otros como determinador, según como señala la Corte.
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"Razón por la cual no es viable considerarla un mecanismo alternativo o paralelo de defensa, al cual pueda acudirse cada vez que no se comparte una decisión de los jueces competentes", señaló la Corte Suprema de Justicia.
Recordemos que, tras la decisión del juez penal ante el Tribunal Superior de Bogotá, Leonel Rogeles Moreno, de imponer esta media contra Carlos Ramón González, su abogado defensor, Iván Cancino, pidió de inmediato ante el mismo Tribunal revocar dicha medida y permitir que su cliente se pueda defender en libertad.
Desde entonces han estado latentes los recursos ante la justicia ordinaria para dejar sin efectos la medida de aseguramiento.
Los hechos por los que es investigado Carlos Ramón González se remontan al periodo entre el 18 y el 21 de septiembre de 2023, cuando González, en su calidad de director del Dapre, habría solicitado contratos por un valor de 60.000 millones de pesos para el entonces presidente del Senado Iván Name, y más de 10.000 millones de pesos para el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Ambos congresistas hoy bajo detención por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, según estableció la Fiscalía, ante la insistencia de ambos congresistas se determinó el acuerdo de pagos en efectivo que ascendieron a los 3.000 millones de pesos para Iván Name Vásquez y a los 1.000 millones de pesos para Andrés Calle.
Una ejecución irregular de recursos que habría ejecutada por Olmedo López a Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, protagonistas de este entramado de corrupción, este último exfuncionario quien se habría encargado de gestionar los dineros.
De acuerdo con las últimas informaciones logradas por agentes del CTI de la Fiscalía, durante la audiencia de imputación de cargos, los sistemas de monitoreo identificaron que uno de los asistentes, correspondiente a Carlos Ramón González, se conectó desde Managua, Nicaragua.
Por consiguiente, la fiscal 9° delegada ante la Corte Suprema de Justicia adelanta en contra de Carlos Ramón González dicha investigación por los delitos mencionados.
