Álvaro Gómez Hurtado y la justicia colombiana: 30 años sin responsables, según Enrique Gómez Martínez

El líder político fue asesinado en 1995 por un comando que lo siguió; también acabaron con la vida de sus escoltas.
El líder político fue asesinado en 1995.
El líder político fue asesinado en 1995. Crédito: Colprensa

Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, habló en entrevista con La FM sobre la vigencia de las ideas del líder conservador, la falta de avances judiciales en el caso de su asesinato y las distintas hipótesis que se han planteado en tres décadas de investigación.

¿Por qué siguen vigentes las ideas de Álvaro Gómez Hurtado?

Según Enrique Gómez Martínez, la permanencia de las propuestas de Álvaro Gómez tiene una doble causa. “La vigencia tiene dos dimensiones”, explicó. Por un lado, está relacionada con la calidad de su pensamiento y la honestidad de sus propuestas; por otro, con la persistencia de los mismos problemas nacionales que él denunció.

“El país parece estar en una rueda maldita donde vuelve y cae en los mismos problemas: la corrupción, la falta de justicia y la incapacidad de brindar seguridad física y jurídica a los ciudadanos”, afirmó Gómez Martínez.

En su opinión, las ideas de Gómez Hurtado “son más fuertes que los hombres” y hoy “van liderando las encuestas”. Añadió que para su familia es motivo de orgullo ver cómo esas propuestas “están siendo acogidas masivamente por el pueblo colombiano”.

¿Por qué no se ha esclarecido el asesinato de Álvaro Gómez?

Al ser consultado sobre los responsables del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, Enrique Gómez sostuvo que “la inoperancia de la justicia es una de las grandes defensas del régimen”. Explicó que esta situación no se debe a la falta de recursos ni de capacidad técnica, sino a “la ausencia de un consenso social” frente a la justicia. “Hay un régimen corrupto que fue el que denunció Álvaro Gómez”, aseguró.

Para el entrevistado, la estructura del Estado ha permitido que los grandes crímenes permanezcan impunes. “El régimen se basa en la inoperancia y en la impunidad. Esos grandes magnicidios siguen acongojando al país, pero sobre todo habilitando la posibilidad de seguir matando. El régimen mata, se sale con la suya y sigue matando”, expresó.

En cuanto a la investigación, Gómez Martínez señaló que han existido “al menos cinco grandes hipótesis” sobre el caso. Las tres primeras, formuladas antes de 2001, fueron rechazadas judicialmente: “la de los muchachos de Sincelejo, la del grupo Bogotá y la de los cazadores de la brigada 20 implementada por Alfonso Gómez Méndez”.

Posteriormente, se planteó la hipótesis que vinculaba a Rito Alejo del Río y Carlos Castaño, y luego surgió una cuarta línea tras la declaración de ‘Rasguño’ en 2010. Según Gómez Martínez, ese testimonio “confirmó probatoriamente que el cartel del norte del valle, liderado por Orlando Nadolo, a pedido de Horacio Serpa, había asesinado a Álvaro Gómez para obtener la absolución de Samper en la Cámara de Representantes”.

Finalmente, mencionó una quinta desviación en la investigación: la autoincriminación de las FARC. “Esto congeló la investigación y llevó el caso a su muerte actual en la JEP, que es un centro judicial de impunidad consagrado para beneficio del régimen y de las FARC”, señaló.

En otro momento de la entrevista, Enrique Gómez se refirió a la visión de su tío sobre la guerra contra las drogas. Recordó que Álvaro Gómez Hurtado habló desde 1978 sobre la necesidad de revisar el enfoque de la prohibición y advirtió que sus efectos serían devastadores para el país. “Él dijo que el efecto de la prohibición iba a consumir al Estado, las autoridades judiciales, la policía y la economía”, afirmó.

Para Gómez Martínez, el problema de la prohibición no depende de Colombia, sino de un consenso global plasmado en las convenciones de la ONU. “Mientras no cambie ese consenso, el deber del Estado es mantener el tráfico y el cultivo en su mínima expresión para evitar el financiamiento de grupos armados o subversivos”, explicó.

Finalmente, sostuvo que la despenalización podría desmontar el concepto criminal asociado al narcotráfico, pero aclaró que “sin un consenso global alrededor de eso, no es una opción realizable”. Concluyó que las advertencias de Álvaro Gómez sobre los riesgos del narcotráfico y la crisis institucional “mantienen plena vigencia en la realidad colombiana”.


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