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El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco señalados de, presuntamente, liderar una organización criminal que direccionó millonarios contratos y convenios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías ( Invías).
La magistrada de la Sala Penal del Tribunal, Aura Alexandra Rosero Baquero, no compartió los argumentos de la defensa e indicó que, por el contrario, las pruebas aportadas por la Fiscalía superaron ampliamente el umbral de inferencia razonable como determinadores de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
El Tribunal incluso no acogió la petición de la Fiscalía de imponerles a los exminstros una detención domiciliaria y advirtió que ante la gravedad de los hechos era necesario imponer una medida mas grave y ordenar su reclusión en una cárcel.
Para sustentar la necesidad de imponerles esta medida de aseguramiento, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema María Cristina Patiño, hizo una relación de toda una serie de pruebas que fueron recolectadas por los investigadores entre los que se destacan los testimonios de Olmedo López y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
En su decisión, la magistrada le dio validez a los testimonios aportados como prueba por parte de la Fiscalía que les imputó a los exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Son un peligro para la comunidad
La magistrada del Tribunal concluyó que la Fiscalía demostró que las conductas criminales presuntamente cometidas por los exministros se constituyen en un peligro para la comunidad, las cuales atentan contra la administración pública al tratarse de delitos de 'cuello blanco'.
Para el Tribunal Superior de Bogotá, no se trató de hechos aislados como lo plantearon los abogados de los exministros, sino que se configuraron hechos ilícitos coordinados y planificados.
También sostuvo que no son suficientes otras medidas restrictivas y por ello, la necesidad de una medida de detención domiciliaria como lo solicitó la Fiscalía, ya que el riesgo para la comunidad no sólo se mide en el daño económico sino la afectación grave para el Estado.
En la decisión se advirtió que la urgencia de la medida de aseguramiento se encuentra justificada, porque de lo contrario se mantendría incólume el riesgo para la comunidad y la administración pública.
Los millonarios contratos que enredan a los exministros
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias, a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invías por $571,701,473,657 y cinco proyectos en la UNGRD por $40,536,363,430 pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos que serán detallados al imputar los hechos jurídicamente relevantes de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos”, indicó la fiscal Patiño.
Así fue la orden para apoyar la reforma pensional
De acuerdo con la Fiscalía, se estableció que en junio de 2023 el exministro del Interior le ordenó al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, apoyar la reforma pensional y para ese fin debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República, con el objetivo de entregar contratos a ciertos congresistas para seguir ampliando las mayorías en esa comisión.
“Pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno Nacional, esto es a la salud y a las pensiones, y ponerse también a disposición de la senadora Marta Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el sí de la reforma pensional”, dijo la fiscal Patiño.
