Durante la audiencia contra Nicolás Petro Burgos, la defensa lanzó fuertes cuestionamientos contra la Fiscalía General de la Nación, al señalar una presunta pérdida de objetividad en el proceso y una supuesta filtración de información reservada con fines políticos.
El abogado defensor Alejandro Carranza aseguró ante el juez que la Fiscalía habría entregado información de primera mano a la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, relacionada con la medida de aseguramiento solicitada contra su cliente. Según Carranza, este hecho evidenciaría un uso indebido del proceso penal para influir en el escenario político.
“Me llamó mucho la atención que la Fiscalía, en la imputación, manifestara que la señora Dávila conocía que existían dos denuncias penales interpuestas por Nicolás Petro y por esta defensa. Eso demuestra, su señoría, una pérdida de objetividad”, afirmó el abogado durante su intervención.
Carranza también cuestionó la solicitud de cárcel intramural en Barranquilla, al advertir que en ese centro de reclusión no existirían las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de Nicolás Petro. Para la defensa, esta petición refuerza la tesis de un tratamiento desproporcionado y carente de imparcialidad.
Uno de los puntos más sensibles expuestos en la audiencia fue la presunta filtración del formato de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento a medios de comunicación.
Según la defensa, la única entidad que tenía en su poder dicho documento en horas de la tarde del 5 de septiembre era la Fiscalía General de la Nación.
“El documento terminó en manos de una candidata que el día siguiente, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hacía campaña política anunciando que a Nicolás Petro lo iban a meter a la cárcel. Aquí hay una clara pérdida de objetividad”, sostuvo Carranza.
El abogado también recordó que desde el inicio de la audiencia de imputación expresó su preocupación por el “motivo fundado” de la investigación, señalando que la defensa solicitó sin éxito copia de la compulsa de copias o de la denuncia que dio origen a la actuación penal contra Nicolás Petro.
Finalmente, Carranza afirmó que el proceso estaría siendo utilizado con fines políticos, mencionando espacios en redes sociales donde, según él, se habría discutido información reservada del expediente en compañía de actores políticos. Por estas razones, la defensa pidió al juez no acceder a la solicitud de medida de aseguramiento, al considerar que existen intereses ajenos a la correcta administración de justicia.