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Jaime López Andrés, abogado de María Alejandra Benavides, afirmó en entrevista para La FM que, para su cliente, la decisión conocida este jueves representa una situación personal compleja, y que la estrategia de la defensa se ha centrado en decir la verdad y reafirmarla ante la magistrada que conoció el caso.
López explicó que el proceso ha sido difícil desde el punto de vista humano para su clienta y señaló que no se trata de celebrar decisiones judiciales. “Para ella, como ser humano y como persona, ha sido muy difícil todo este proceso”, dijo el abogado durante la entrevista, al tiempo que sostuvo que lo más importante para la defensa es que se entendiera que el discurso de Benavides corresponde a lo ocurrido.
¿Qué valoró la magistrada Aura Rosero Baquero?
Según el abogado, uno de los aspectos fundamentales valorados por la magistrada del despacho 003 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fue la comprensión de la función que desempeñaba María Alejandra Benavides. Indicó que la defensa dejó en manos de la administración de justicia la calificación de las pruebas, pero resaltó que se entendió el contexto en el que actuó su clienta.
López señaló que, de acuerdo con su interpretación, se descartó la idea de que Benavides actuara de manera autónoma o con pleno conocimiento de todas las implicaciones. “Le estaban dando una orden funcional”, afirmó, y agregó que ese elemento fue central dentro del análisis jurídico expuesto en el proceso.
El abogado insistió en que su clienta se encontraba siguiendo instrucciones dentro de un contexto que calificó como novedoso para ella. En ese sentido, subrayó que la magistrada pudo establecer que existían órdenes claras dentro de la estructura en la que se desempeñaba. “María Alejandra no se mandó sola”, enfatizó durante la entrevista radial.
¿Qué sigue en el proceso?
Sobre el alcance de la decisión y otros procesos en curso, López reiteró su respeto por la administración de justicia y evitó anticipar conclusiones. Señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de evaluar el contenido del testimonio y de definir los pasos a seguir en cada investigación.
El entrevistado manifestó que María Alejandra Benavides está dispuesta a continuar colaborando y a presentarse cuando sea requerida. Indicó que corresponderá a los magistrados determinar si se acusa o no dentro de las investigaciones mencionadas durante la conversación.
Finalmente, López sostuvo que cada proceso debe analizarse de manera individual y con pleno respeto por las garantías. Afirmó que cada caso es diferente y que las decisiones deben adoptarse conforme a las particularidades de cada actuación judicial, sin generalizaciones ni adelantos.
El abogado también recalcó que la defensa optó desde el inicio por una estrategia basada en la transparencia frente a las autoridades. Explicó que el objetivo fue que la magistrada comprendiera cómo se presentaron los hechos y cuál fue la participación funcional de su clienta.
Reiteró que su rol como defensor ha sido exponer esa versión ante los jueces y permitir que sean ellos quienes adopten las decisiones correspondientes, siempre dentro del marco institucional y respetando el procedimiento establecido. López concluyó señalando que la defensa continuará actuando conforme a la ley y a las determinaciones judiciales vigentes.
María Alejandra Benavides: La exasesora de Ricardo Bonilla que se convirtió en testigo clave del escándalo UNGRD
María Alejandra Benavides Soto es una funcionaria colombiana que se desempeñó como asesora técnica y mano derecha del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el gobierno de Gustavo Petro, cargo que ocupó hasta marzo de 2024, tras permanecer en el Ministerio de Hacienda desde administraciones anteriores (incluidas las de Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo y José Antonio Ocampo).
Su rol principal era el enlace con el Congreso, particularmente con la Comisión de Crédito Público. Sin embargo, ganó notoriedad pública al verse involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde fue señalada como intermediaria en el presunto direccionamiento de contratos por más de 92.000 millones de pesos a cambio de votos a favor de las reformas del Gobierno Petro en el Congreso.
Posteriormente, decidió colaborar con la justicia mediante un principio de oportunidad, convirtiéndose en testigo clave contra Bonilla y otros implicados, aunque recibió amenazas que requirieron medidas de protección.
