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El escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio un giro decisivo este jueves 18 de diciembre. El Tribunal Superior de Bogotá resolvió imponer medida de aseguramiento intramural contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para enviarlos a prisión mientras avanza el proceso penal en su contra.
La decisión fue adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, integrante de la Sala Penal, quien concluyó que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las evidencias presentadas por la Fiscalía.
Durante la audiencia, el Tribunal dejó claro que el material recopilado por el ente acusador cumple ampliamente con el nivel de inferencia razonable exigido por la ley para imponer una medida de aseguramiento. Según la magistrada, las pruebas permiten vincular a los exfuncionarios, en esta etapa procesal, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la adjudicación de contratos.
Por qué el Tribunal ordenó cárcel y no detención en casa
En su análisis, la magistrada Rosero sostuvo que las conductas investigadas no solo implican un daño económico, sino una afectación profunda a la institucionalidad del Estado. Por tratarse de presuntos delitos contra la administración pública, el riesgo para la comunidad se mantiene vigente, lo que descarta la aplicación de medidas menos severas.
En consecuencia, el Tribunal concluyó que la detención domiciliaria no resulta adecuada ni suficiente para garantizar los fines del proceso penal, razón por la cual ordenó la reclusión en centro carcelario.
Para sustentar la medida, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, presentó una detallada exposición de las pruebas recaudadas durante la investigación. Entre los elementos más relevantes se destacan las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda.
El Tribunal también señaló que las declaraciones de testigos como Sneyder Pinilla, junto con otros elementos de prueba, permiten inferir que Bonilla y Velasco habrían desempeñado un rol central dentro del esquema ilegal que operaba al interior de la UNGRD.
Según la Sala Penal, ambos exministros serían considerados presuntas “cabezas” de la organización, lo que refuerza la necesidad de una medida de aseguramiento más estricta.
¿De qué se les acusa en el caso UNGRD?
Según la Fiscalía, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla estarían vinculados a una presunta organización criminal que direccionó contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos, provenientes de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El ente investigador sostiene que estos recursos habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos a iniciativas clave del Gobierno, entre ellas las reformas pensionales y de salud, así como proyectos de endeudamiento que se discutían en el Congreso.
De acuerdo con la investigación, la estructura ilegal habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que ambos exministros ocuparon cargos en el gabinete del presidente Gustavo Petro.
La Fiscalía también indicó que, en junio de 2023, el entonces ministro del Interior habría instruido al exdirector de la UNGRD para intervenir en los debates de la Comisión Séptima del Senado, con el fin de asegurar apoyos a la reforma pensional.
Según el ente acusador, la estrategia consistía en ofrecer proyectos y contratos a determinados congresistas para fortalecer las mayorías necesarias en las reformas prioritarias del Ejecutivo, entre ellas salud y pensiones.
