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La FM conoció que la Fiscalía General de la Nación prepara una nueva fase en las investigaciones que se siguen por el escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y terminó por extenderse a otras entidades del Estado, como el Instituto Nacional de Vías (Invías), para facilitar la compra de congresistas.
En desarrollo de esta nueva etapa del macro-proceso hay un nombre fundamental que aparece en este entramado de corrupción e incluso fue mencionado por la Fiscalía durante la audiencia que hoy tiene a las puertas de una eventual casa por cárcel a los exministros de Hacienda y del Interior Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente.
Se trata de Juan José Oyuela Soler, quien fue directivo de operación y ejecución de Invías e incluso fue nombrado en mayo de 2023 como director encargado de esa entidad.
Su nombre tomó relevancia para el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, tras haber sido señalado por parte de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Bonilla, como pieza clave en todo el enroque del supuesto direccionamiento de contratos que se produjo en el Invías.
Benavides señaló que Juan José Oyuela le entregó una tabla detallada de negocios jurídicos tramitados a través del Invías, en los que se incluían datos como el municipio beneficiado, el valor del contrato, el número del radicado y el congresista interesado, con el propósito de asignar los millonarios recursos a políticos interesados.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de justicia, María Cristina Patiño, presentó como una de las pruebas clave contra los exministros el interrogatorio rendido el 25 de marzo de 2025 por la testigo María Alejandra Benavides, quien declaró que Oyuela solicitó en su momento una reunión de urgencia con el entonces ministro de Hacienda para informarle que la nueva directora del Invías, Mercedes Gómez, le iba a decir que no había dinero para cumplir los compromisos con los congresistas.
Juan José Oyuela habría dejado en claro que sí existían rubros en el Invías de donde se podían disponer de recursos para la contratación irregular exigida por Bonilla, lo que denota claramente que el funcionario era ‘ficha clave’ en este entramado criminal.
“A tal punto que era la persona de pasar información al ministro Ricardo Bonilla del presupuesto disponible en la entidad, es decir en el Invías, para cumplir con los compromisos ilícitos con los parlamentarios”, dijo la fiscal Patiño.
La FM conoció que la Fiscalía estableció que, con base en la información suministrada por Juan José Oyuela, el exministro Bonilla luego se reunió con la entonces directora del Invías y otros altos funcionarios para discutir la ejecución de proyectos viales asociados a compromisos con el Congreso.
Según la fiscal delegada, “allí fue cuando el entonces ministro Bonilla exigió la preparación de 160 mil millones de pesos en proyectos vinculados a dichos compromisos, mostrando la molestia ante la negativa inicial de la directora del Invías y ordenando su ejecución, lo que revela un acuerdo político que trasciende la legalidad, orientado a direccionar recursos públicos a cambio de obtener apoyo legislativo”.
La Fiscalía enfatizó que estos hechos configuraron una violación grave a la moralidad administrativa, la transparencia contractual y la instrumentalización del presupuesto nacional con fines políticos.
Los contratos de Invías que enredan a los exministros
La Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco presuntamente impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invíasa cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González se desempeñaron como ministros de despacho en el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Durante este lapso los exministros direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones tercera y cuarta de la Cámara y Senado y de la Comisión Séptima del Senado, 74 proyectos radicados en el Invias por más de 571.000 millones de pesos y cinco proyectos en la UNGRD por cerca de 41.000 millones de pesos", de los cuales se concretaron siete, indicó la fiscal Patiño.
La Fiscalía imputó a los exministros Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Cargos que no fueron aceptados al ser interrogados por el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Exdirectivo de InvÍas podría ser imputado?
La FM conoció que una vez culmine esta fase preliminar de audiencias contra los exministros Bonilla y Velasco y se resuelva la petición de casa por cárcel en su contra, a partir del próximo año se avanzará en la práctica de toda una serie de pruebas técnicas, verificación de información, expedientes e interrogatorios.
Sumado a otras diligencias, se definirá la suerte judicial de otros de los presuntos involucrados en este entramado de corrupción, que ya no compromete sólo los recursos de la UNGRD sino la contratación de Invias y que salpica a altos exfuncionarios de esa entidad, como lo es Juan José Oyuela.
Los enredos que enfrenta Juan José Oyuela fuera de la Fiscalía
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los exministros Bonilla y Velasco lideraron el direccionamiento de dineros y contratos de la UNGRD y el Invías hacia contratistas que designaban varios congresistas.
La imputación habló de 79 contratos. Tres de ellos, del Invías, en Bolívar, Córdoba y Arauca, que habría gestionado el senador Julio Elías Chagüi, del Partido de la U. En el período marcado, Oyuela fue director interino del Instituto.
Como cabeza de la agencia encargada de las carreteras, participó en videos institucionales y visitas oficiales de un programa insignia del Gobierno: los ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, un proyecto de unos ocho billones de pesos.
El objetivo era intervenir más de 33,1 mil kilómetros de vías en zonas rurales de 26 departamentos con juntas de acción comunal, organizaciones civiles o grupos étnicos. A octubre de 2024 sólo se habían ejecutado unos 524,7 mil millones.
Ingenieros del Invías estuvieron en mayo, junio, julio y septiembre de 2023 en Córdoba con la iniciativa; en junio y julio del mismo año y en febrero de 2024 en Bolívar, y en octubre y noviembre de 2023 y febrero de 2024 en Arauca.
En diciembre de 2024 la Procuraduría anunció indagaciones disciplinarias por el aparente fracaso de los ‘Caminos Comunitarios’. Gran parte de los convenios que se firmaron hace dos años para el proyecto no se publicaron en el Secop.
La Procuraduría revisó unos 121 convenios y ratificó una “pésima funcionalidad de la interventoría”, y llamó como presunto responsable a Juan José Oyuela como exdirector de Invías. En ese momento era vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura.
Un año después, el ente de control aún no saca un pliego de cargos. Por su parte, La Contraloría General identificó 48 hallazgos fiscales por más de 1,5 mil millones de pesos en el programa que Oyuela en su momento lideró.
Las metas de intervención vial alcanzaron un avance de apenas 0,36% frente a lo inicialmente previsto, mientras al tiempo hubo deficiencias en la supervisión, los estudios previos y el manejo de los recursos para las juntas de acción comunal.
Además de Oyuela, la Procuraduría indaga por su presunta responsabilidad a Mercedes Elena Gómez Villamarrín y Juan Carlos Montenegro Arjona, también exdirectores del Invías, y a Luis Fernando Sepúlveda Ortiz, gerente del programa.
En 2022 el ente de control abrió otro frente contra Oyuela, entonces vicepresidente técnico de Findeter. La Financiera de Desarrollo Territorial incurrió en presuntas irregularidades en la reconstrucción del acueducto de Mocoa.
La reconstrucción luego del desbordamiento de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco —que dejó 336 muertes— debía terminar en doce meses luego de marzo de 2017 y una inversión de 27 mil millones de pesos, pero su contrato se prorrogó hasta 2022.
Las ramas del escándalo del Invías en la Corte Suprema
Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia enfila sus investigaciones por el escándalo de la UNGRD y del Invías para tomar decisiones clave el próximo año. La magistrada Cristina Lombana investiga al presunto senador beneficiario Julio Elías Chagüi.
Lombana ha recibido chats y testimonios, como el de la exsenadora y exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz. Al parecer, el congresista cordobés se benefició de proyectos que presuntamente listó el exministro Luis Fernando Velasco.
Al interior de la Sala de Instrucción hay incluso rencillas por el expediente. La magistrada Lombana acusa al magistrado César Reyes, presidente del organismo, de extralimitarse en sus funciones por aparentemente ofrecerle beneficios a Ortiz.
Reyes se disputó el expediente contra cinco congresistas y un excongresista de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el magistrado Misael Rodríguez. Al final, Rodríguez conservó las carpetas por presunto cohecho impropio.
En la investigación preliminar estaba Chagüi, pero la Corte consideró en noviembre del año pasado que sus supuestas irregularidades son parte de “situaciones distintas”, pues no correspondían netamente a la UNGRD, sino también al Invías.
La Fiscalía compulsó copias en diciembre de 2024 contra veintiocho congresistas luego del interrogatorio que rindió María Alejandra Benavides. En el listado se encuentran figuras clave como Efraín Cepeda, del Partido Conservador.
También aparecen Liliana Bitar y Wadith Manzur, a quienes Rodríguez investiga por estar presuntamente implicada en el escándalo de la UNGRD. Todos han asistido a interrogatorios en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
A este listado se suman congresistas como: José Alfredo Gnecco, Juan Carlos Garcés, Karina Espinosa, Juan Diego Echavarría, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Juan Diego Muñoz, Wilmer Castellanos, Silvio Carrasquilla, Álvaro Monedero, Wilder Escobar, Juliana Aray Franco, Wilmer Carrillo Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Wilmer Guerrero, Juan Loreto, Katherine Miranda, Elkin Ospina, Kelyn González y Leonardo Rico. Además del excongresista y actual gobernador de Bolívar Yamil Arana.
La casi treintena de congresistas salpicados es responsabilidad del magistrado Marco Antonio Rueda. El togado continúa practicando pruebas en medio de una etapa preliminar reservada que debería arrojar resultados en 2026.
Proyectos de Invías bajo revisión de la Fiscalía
Sólo en la matriz de colaboración entregada por María Alejandra Benavides, el registro contiene contratos específicos que Invías habría asignado a cada congresista, donde se reflejan al menos 60 proyectos que estarían distribuidos así:
Para la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes se señalan 13 proyectos que irían para los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena.
Para la Comisión Cuarta del Senado se señalan 10 proyectos en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Atlántico y Nariño.
Para la Comisión Tercera del Senado irían 12 proyectos distribuidos para los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.
Mientras que con relación a la Comisión Tercera de la Cámara se mencionan 25 proyectos para Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Sucre, Bolívar, Valle del Cauca y Atlántico.
Dentro de los proyectos se destaca en la tabla entregada por María Alejandra Benavides el relacionado con el mejoramiento de la vía Sitio Nuevo – La Fuente en el departamento del Magdalena, contrato que estaba avaluado en una suma superior a 33.000 millones de pesos.
También se encuentra bajo estudio de los investigadores el contrato por más de 2.000 millones de pesos que corresponde al mejoramiento de las vías terciarias en las veredas San Isidro y San Pedro en el municipio de Santana en Boyacá. En este proyecto se relaciona al congresista Juan Diego Muñoz.
