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Después de haber adelantado un estudio jurídico de fondo, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que elevará una consulta ante el Consejo de Estado sobre el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que convoca la consulta popular.
El registrador nacional, Hernán Penagos, tomó la decisión de acudir a la Sala de Consulta y Servicio Civil, para tener luces de como se debe proceder en este caso.
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“En semejante situación de controversia jurídica, lo razonable es que la Sala de Consulta tenga una posición medianamente corporativa, así que si la Sala de Consulta nos da luces respecto del camino a seguir, avanzaríamos en ese proceso hasta tanto se tenga una sentencia definitiva”, indicó.
Sin embargo, Penagos advirtió que la convocatoria o no una consulta popular depende de los jueces, razón por la cual dejó en manos de las altas cortes esta decisión que debe adoptarse a través de las demandas que se han presentado tanto al Consejo de Estado, como a la Corte Constitucional.
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“Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo y a lo que procede jurídicamente ante esto, que no tiene tome de res en la historia reciente del país. Lo correcto y pertinente es dejar en manos de las altas cortes para que decidan si continuamos o no con los trámites de ma consulta popular convocada. Está en juego el orden institucional del país, está en juego la democracia y cuando hay una controversia entre dos ramas, ahí deben llegar los jueces a tomar una decisión”, advirtió.
Dijo además que en caso de que la justicia decida avalar la convocatoria de la consulta popular, será imposible que se lleve a cabo el próximo 07 de agosto como lo propuso el Gobierno, ya que se necesitan mínimo tres meses para dar cumplimiento a una convocatoria electoral de carácter nacional.
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“En la medida en que se tome una decisión por parte de las cortes, una vez teniendo clara la turra y se ordena continuar con la consulta, pues habrá que tener un tiempo no menor a tres meses para poder convocarla y llevar a cabo la logística”, sostuvo.
“Hay que cuidar los recursos del Estado y no podemos poner en juego 750.000 millones de pesos ante una incertidumbre jurídica tan grande que se tiene en el país”, añadió.
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El registardor Penagos dijo que iba a solicitar un pronunciamiento de otras entidades del Estado como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría, Contraloría, entre otras, para que ayuden a dirimir este asunto.
Respuesta al Gobierno
Ante las críticas que lanzó el ministro del Interior, Armando Benedetti, contra el registrador por no convocar la consulta popular diciendo que tan solo debía fungir como un operador logístico, Penagos afirmó que la Registraduría es una autoridad electoral que toma decisiones autónomas.
“El artículo 264, 265 y siguientes de la Constitución dicen que la Registraduría es una autoridad electoral, hay que leer la Constitución. En segundo lugar, el proceso de logística para una consulta popular requiere unos tiempos pertinentes y adecuados, que materialmente permitan que se lleve a cabo esta solicitud o esta convocatoria que se plantea mediante el Decreto 0639”, dijo.
El alto funcionario advirtió que tanto el decreto emitido por el Gobierno, como el acto administrativo del Senado en el que certifica que no hubo concepto favorable sobre la consulta popular, gozan de la presunción de legalidad, razón por la cual son las altas cortes las que deben determinar quién tiene la razón en este caso.
