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La vacancia judicial de 2025 marcha en medio de la expectativa frente a qué pasará el 2026, un año marcado por las elecciones en el primer semestre y por el fin de la administración del presidente Gustavo Petro, que ha encarado varios procesos en los tribunales.
Tras dos años de revelaciones a cuentagotas, el 2026 se perfila como un período clave para las decisiones que la Corte Suprema de Justicia debe tomar de cara al avance del entramado de corrupción que se tomó la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
El alto tribunal enfila sus investigaciones por el escándalo para lanzar determinaciones clave el próximo año. La magistrada Cristina Lombana investiga al senador, presuntamente beneficiario de contratos ilegalmente direccionados Julio Elías Chagüi, del Partido de La U.
Lombana ha recibido chats y testimonios, como el de la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz. Al parecer, el congresista cordobés se benefició de proyectos que presuntamente movió el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, imputado junto a su excolega de Hacienda Ricardo Bonilla.
Al interior de la Sala Especial de Instrucción, que hace las veces de fiscalía contra congresistas, hay incluso rencillas por los expedientes del enredo ilícito. La magistrada Lombana acusa al magistrado César Reyes, presidente del organismo, de extralimitarse en sus funciones.
La Corte Suprema entra a 2026 con el escándalo de la UNGRD en el centro
Según la ex jueza penal militar, Reyes le habría ofrecido beneficios a Ortiz. El boyacense se disputó las carpetas contra cinco integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público con el magistrado Misael Rodríguez. Al final, Rodríguez conservó los procesos, de presunto cohecho impropio.
En la investigación preliminar estaba Chagüi, pero la Corte consideró en noviembre del año pasado que sus supuestas irregularidades son parte de “situaciones distintas”, pues no correspondían netamente a la UNGRD, sino también al Invías.
La Fiscalía compulsó copias en diciembre de 2024 contra veintiocho congresistas luego de las cincuenta horas de declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides. En el listado están figuras clave como Efraín Cepeda, del Partido Conservador.
También aparecen Liliana Bitar y Wadith Manzur, igualmente conservadores, a quienes Rodríguez investiga por estar presuntamente implicados en el escándalo de la UNGRD. Todos han asistido a interrogatorios en el máximo tribunal de la justicia ordinaria.
La casi treintena de congresistas salpicados es responsabilidad del magistrado Marco Antonio Rueda. El togado continúa practicando pruebas, en medio de una etapa preliminar reservada que debería arrojar resultados en 2026, con investigaciones formales, indagatorias o absoluciones.
Exministros, exdirectores y congresistas: los procesos penales que avanzarán en 2026
Bonilla y Velasco comparecerán asimismo ante la Corte Suprema, tarde o temprano. Desde el 18 de diciembre, cuando el Tribunal de Bogotá decretó una medida de aseguramiento en su contra, comenzó a correr el término de noventa días para que la Fiscalía los acuse.
El juicio se adelantará ante la Sala de Primera Instancia de la Corte, donde ya reposa el escrito de acusación contra el prófugo Carlos Ramón González. El primero de diciembre el alto tribunal designó a la magistrada que analizará las pruebas de la Fiscalía para ofrecerle una ponencia a la Sala.
Por reparto, el expediente le correspondió a la togada Blanca Nélida Barreto, presidenta del paraninfo este 2025. La magistrada fijará, luego de la vacancia, una fecha para la audiencia de acusación, que podrá desarrollarse mientras González sigue asilado bajo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
Según la Fiscalía, el exdirector nacional de Inteligencia coordinó la entrega de una coima de tres mil millones de pesos para el expresidente del Senado Iván Name y otra de mil millones para el expresidente de la Cámara Andrés Calle. La Corte Suprema los investiga y los mantiene detenidos.
Fuera de los casos netamente penales, la Corte tendrá que resolver tutelas, como la que presentó el condenado exdirector de la Policía, Rodolfo Palomino, quien cumple una sentencia de siete años de prisión, por tráfico de influencias, que quiere encarar en libertad.
El caso Palomino y el choque interno que tensiona a la Corte Suprema
Palomino se entregó al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) el 24 de noviembre. Desde entonces, permanece recluido. La Suprema le negó la libertad condicional y la prisión domiciliaria, y ordenó su captura incluso antes de la lectura de sentencia, lo que para el exoficial es desproporcionado.
El amparo se quedó en una especie de limbo antes de las vacaciones de la magistratura. Dos salas del alto tribunal han chocado frente al trámite: la de Casación Civil asegura que la Penal es la competente, y esa homóloga ya le había tirado la pelota antes.
La última de las decisiones, que La FM conoció en primicia, está registrada en un auto de ocho páginas que la Sala de Casación Civil aprobó el 18 de diciembre y notificó al día siguiente. Las tres magistradas y los tres magistrados aprobaron la postura por unanimidad.
Francisco Ternera, el presidente de la Corte hasta febrero de 2026, estuvo de acuerdo con la determinación, de la que el magistrado Fernando Jiménez fue ponente. La Sala Civil se desmarcó de la tutela y aseguró que no es competente para resolverla, sino que debe hacerlo la Sala Penal.
El problema es que la Penal ya había recibido el recurso y, al igual que su par presidida por Hilda González, aseveró que no era competente. El 2 de diciembre, el magistrado Gerson Chaverra, expresidente de la Corte, firmó un auto de cinco páginas que también se apartó de la demanda.
El Consejo de Estado y los procesos que marcarán el pulso del año electoral
Antes de la vacancia, el Consejo de Estado ratificó las sanciones que la Procuraduría le impuso a Palomino desde 2021. El enredo sigue vigente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde el general en retiro pretende anularlas, pero entre apelaciones rebota en el Consejo.
El más alto tribunal de lo contencioso administrativo tendrá una agenda ajetreada en 2026. David Racero e Isabel Zuleta, quienes aspiran a reelegirse como congresistas de la mano del Pacto Histórico, tienen a cuestas dos casos de pérdida de investidura avanzados.
La Procuraduría le pidió al Consejo salvar la curul de Racero, procesado por presuntamente encomendarle a sus asesores tareas que no tenían nada que ver con su cargo, como atender un supermercado propiedad de su familia. Una sala de decisión adelantó una audiencia el 3 de diciembre.
Otra sala investiga a Zuleta por su papel en el llamado 'tarimazo' del presidente Gustavo Petro en Medellín, el evento en el que llevó a jefes criminales a hablar de la mesa de 'Paz Urbana' en el Valle de Aburrá. Zuleta le pidió al Inpec el traslado de los nueve cabecillas
El magistrado Germán Osorio decretó varias pruebas desde agosto. El 4 de diciembre la secretaria del Consejo, Diana Lucía Sánchez Serna, le reclamó por tercera vez a la Presidencia de la República aportar la documentación que autorizaba a Zuleta a ser parte de las negociaciones.
Un asunto clave en el Consejo serán las eventuales nulidades contra el decreto que el jefe de Estado firmó para el incremento del salario mínimo de 2026. El alto tribunal cuenta con un antecedente clave: una sentencia de 2017 que tumbó el decreto de 2015 que fijó el sueldo de 2016.
La Corte Constitucional, ante las reformas y la emergencia económica
Hablando de proyectos del Gobierno, la Corte Constitucional empezará el año con la revisión automática del decreto de emergencia económica y de los decretos con fuerza de ley que se deriven del acto administrativo matriz, el 1390 de 2025.
El tribunal más importante del país estuvo a punto de convocar una sesión extraordinaria por iniciativa de su presidente, Jorge Enrique Ibáñez, pero no ocurrió. Los cinco magistrados y las cuatro magistradas se afincaron en un precedente que, de todos modos, les dejó algo de inconformidad.
La esencia de la deliberación estuvo en las posibilidades normativas de sesionar durante la vacancia. Fuera de la Corte, algunas voces afirmaron que la Constitución no autoriza cónclaves extraordinarios, como el abogado Ramiro Bejarano Guzmán o el exsenador Humberto de la Calle.
El afán en los pasillos del Palacio de Justicia se basaba en el período de vigor del decreto y en los impactos de los impuestos que vendrán con los decretos legislativos. Pero ganó la postura de que, al menos por ahora, las medidas económicas no serán irreversibles.
La Corte también tendrá que ocuparse de la reforma pensional, un proyecto insignia de la administración de Petro. La norma debía entrar en vigor este año, pero quedó suspendida por orden del magistrado Ibáñez, que tiene el expediente más avanzado entre los 85 que aún progresan.
El trámite constitucional se estancó por una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, quien defendió la norma en tres expedientes, incluyendo el de Ibáñez. El otrora abogado de Petro y de la familia del expresidente Álvaro Uribe reprochó su salida del plenario.
Carvajal envió el 11 de noviembre una carta presentando su "enérgica protesta" porque, según él, la recusación fue "una actuación anómala" que "desconoce reglas mínimas del debido proceso". Incluso, se atrevió a decir que Ibáñez creó "un procedimiento no establecido en la ley".
La partida del jurista provocó un llamado a Carlos Pablo Márquez. La Sala Plena empató, con cuatro votos a favor y cuatro en contra, la discusión de una ponencia de Ibáñez que pide tumbar la pensional por vicios de trámite. Márquez será el conjuez que incline la balanza.
