La FM en Google News
La Contraloría General de Antioquia oficializó la imputación de cargos fiscales contra el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón Cardona. La decisión se fundamenta en presuntas irregularidades en un proyecto de ciclorrutas ejecutado durante su gestión como alcalde de Rionegro, en el oriente antioqueño, entre los años 2016 y 2019.
Según el órgano de control, el Proceso de Responsabilidad Fiscal no es reciente, pues el auto de apertura se profirió formalmente el 1 de junio de 2022. La entidad subrayó que, desde entonces, “se han surtido con rigor todas las etapas probatorias y de contradicción previstas en la Ley 610 de 2000, lo que desvirtúa cualquier señalamiento de improvisación o persecución coyuntural”.
El foco de la investigación
Las autoridades investigan un presunto detrimento patrimonial estimado en $26.186.600.440. En el marco del proceso se encuentran vinculados exfuncionarios y actuales servidores públicos del orden departamental que actuaron como gestores fiscales en las etapas contractuales cuestionadas. La Contraloría precisó que sobre los implicados aún recae la presunción de inocencia y que han sido citados para ejercer su derecho a la defensa.
Tensión institucional
Tras conocerse la decisión, la Gobernación de Antioquia calificó la actuación de “inusitada”, señalando que ocurre a menos de tres días de que la actual contralora finalice su periodo. El gobierno departamental sostuvo que la medida tiene un "evidente tinte político" y acusó a la funcionaria de extralimitarse en sus funciones al actuar a última hora y, presuntamente, sin competencia para ello.
Ante estos señalamientos, la Contraloría reiteró que el expediente nunca ha estado archivado ni inactivo, sino que ha seguido el curso técnico y jurídico necesario para proteger el patrimonio público. “La contralora Enedith del Carmen González Hernández entregará el proceso en un estado avanzado, salvaguardando la integridad del acervo probatorio frente a cualquier transición administrativa”, puntualizó el organismo.
Finalmente, la entidad aclaró que, debido a que el proceso se encuentra en una etapa activa y decisoria, no se divulgarán detalles adicionales hasta que se profiera un fallo en firme, con el fin de garantizar el debido proceso de los investigados.
