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Tras el anuncio del aumento del salario mínimo en un 23,78% decretado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, el debate político y económico se intensificó en el país. En entrevistas concedidas a La FM, el precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y la senadora Clara López expusieron posiciones contrastadas frente a la decisión del Gobierno, al advertir o respaldar sus posibles efectos sobre inflación, empleo, informalidad, productividad y finanzas públicas.
Advertencias de efectos inflacionarios y presión sobre el empleo formal
El candidato presidencial, Juan Daniel Oviedo, sostuvo que el incremento del salario mínimo alimenta el debate político y genera presiones económicas inmediatas. Señaló que "elevar el salario muy por encima de la inflación y la productividad obligará al Banco de la República a aumentar las tasas de interés", mientras advirtió que esta decisión tendrá efectos directos sobre el crédito, la construcción y la vivienda de interés social.
En materia laboral, afirmó que la medida beneficia directamente a cerca del 10 % de los trabajadores, mientras que el resto podría verse empujado hacia la informalidad. "El aumento se trasladará a mayores costos en transporte, salud, alimentación fuera del hogar y educación privada, reduciendo el impacto real del incremento en el ingreso", indicó.
Sobre las cuentas públicas, advirtió que el ajuste salarial tendrá consecuencias relevantes, ya que el presupuesto nacional contemplaba aumentos inferiores y los salarios del sector público están indexados al salario mínimo.
“Populismo irresponsable": Cuestionamientos al Gobierno Petro por contradicción fiscal
El exministro de Hacienda y precandidato, Mauricio Cárdenas, centró sus críticas en el manejo económico del Gobierno de Gustavo Petro y calificó el aumento como una decisión “puramente política”.
"Se trata de un acto de populismo irresponsable sin sustento técnico", afirmó.
Cárdenas explicó que, aunque en el corto plazo la medida beneficia a quienes reciben el salario mínimo, en el mediano plazo afectará a la mayoría de los trabajadores que ganan menos de ese umbral. "Los micro y pequeños empresarios enfrentarán dificultades para asumir un salario que, con prestaciones, se acerca a los 2,8 millones de pesos, lo que podría derivar en despidos y mayor informalidad", añadió.
También cuestionó la coherencia fiscal del Ejecutivo, al señalar que mientras el Gobierno ha advertido una emergencia económica por falta de recursos, adopta una decisión que incrementa el gasto público, dado que el salario mínimo sirve de base para los salarios estatales. En su análisis, el aumento profundiza el déficit fiscal y responde a cálculos políticos asociados al escenario electoral.
Voces en el Senado que defienden el aumento como una medida de justicia social
Desde una posición favorable, la senadora Clara López afirmó que el incremento del salario mínimo constituye un acto de justicia social, en línea con los principios de la Constitución de 1991. Reconoció, sin embargo, que el porcentaje de aumento es elevado y que requiere medidas compensatorias, especialmente para las microempresas, con el fin de mitigar el impacto inmediato en sus costos.
"El aumento salarial puede impulsar la economía si se acompaña de políticas orientadas a la democratización del crédito, lo que permitiría generar capital de trabajo y mejorar la productividad", sostuvo. A su juicio, este proceso facilitaría una mayor capacidad de producción y dinamizaría el consumo y el ahorro de los hogares.
La senadora también cuestionó las teorías que vinculan de manera directa el aumento del salario con mayores niveles de inflación o desempleo, y planteó que el país podría estar ante un cambio de paradigma económico orientado a fortalecer el mercado interno.
Mientras algunos sectores advirtieron posibles efectos en inflación, empleo, informalidad y sostenibilidad fiscal, otros respaldaron la medida como un mecanismo para fortalecer el ingreso de los trabajadores y dinamizar la economía, con el llamado a implementar acciones de acompañamiento para los empleadores de menor tamaño. El debate sigue abierto en torno a los impactos reales de la decisión y a los retos que plantea para la política salarial en el corto y mediano plazo.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
