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Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, advirtió en entrevista con La FM que los anuncios de nuevos impuestos bajo la declaratoria de emergencia económica se producen sin conocer el decreto, a pocas horas del inicio de una nueva vigencia fiscal, y planteó reparos sobre su procedencia, aplicación y efectos, según lo expuesto durante la conversación radial del 31 de diciembre.
Junco afirmó que la situación resulta “muy preocupante” por los límites del estado de derecho y por la ausencia de información concreta. "A 31 de diciembre, no conocemos el decreto y existen anuncios contradictorios entre los ministros, como ocurrió con el impuesto del 5X1000, lo que modifica las reglas fiscales", señaló.
¿Cómo quedarán los impuestos con el decreto del Gobierno?
Junco sostuvo que la emergencia económica no obedece a un hecho sobreviniente. Indicó que responde a decisiones del propio Gobierno y mencionó aspectos como la recalibración de la UPC, la inseguridad asociada a la “paz total”, el robo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y el incumplimiento de la regla fiscal. “Esto no debería proceder ante la Corte Constitucional”, afirmó.
El exdirector de la DIAN agregó que, pese a sus reparos, los impuestos entrarían en vigencia si el decreto se publica antes de finalizar el día. Explicó que esa circunstancia genera un escenario en el que la aplicación normativa se activa mientras se resuelve su revisión constitucional, lo que introduce incertidumbre para contribuyentes y sectores económicos.
Sobre el impacto en licores, Junco recordó que el Gobierno plantea subir el IVA del 5 % al 19 % en aguardiente y ron. Explicó que existe una duda técnica sobre la aplicación inmediata del impuesto tras la medianoche. Señaló que el decreto debería tener un “efecto diferido” porque los expendedores no podrían aplicarlo de forma instantánea.
Según Junco, ese aumento encarecería el producto y desplazaría el consumo hacia lo ilegal. Indicó que el contrabando de licores ya es un problema y afirmó que en Bogotá “una de cada cuatro botellas es adulterada”, mientras que en el norte del país “tres de cada cuatro son de contrabando”. Dijo que subir impuestos “promueve el contrabando”.
¿Qué consecuencias tendrían los impuestos al patrimonio, regalías y pensiones?
En relación con los hidrocarburos, Junco señaló que el anuncio de no permitir la deducción de regalías contradice decisiones previas.
"La Corte Constitucional ya había establecido que sí se pueden deducir las regalías, y que cambiar esa regla bajo la emergencia genera inseguridad jurídica para el sector", afirmó.
También se refirió a la sobretasa del 15 % al sector financiero y al impuesto al patrimonio para personas con activos desde 2.000 millones de pesos. Indicó que, en la práctica, ese umbral alcanza a propietarios de vivienda urbana y sostuvo que el tributo “nunca ha sido eficiente” porque impulsa la salida de capitales y no es deducible de renta.
Sobre una eventual caída de los decretos, Junco afirmó que la devolución de lo recaudado sería compleja. Citó como antecedente el “impuesto solidario” de la pandemia, que fue declarado inconstitucional, pero permitió deducciones posteriores. Añadió que, si alguien paga y la medida se cae, el proceso de devolución suele ser ineficiente.
Junco además cuestionó la obligación a los fondos de pensiones de traer inversiones al país. Señaló que se les fuerza a invertir sin lograr la rentabilidad necesaria y que se limita la diversificación. Dijo que la incertidumbre afecta los ahorros y pone en riesgo la calificación positiva otorgada por la OCDE.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
