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En una entrevista concedida a La FM de RCN, Juan Carlos Monge, representante delegado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, expresó profunda preocupación por la escalada de violencia en la región del Catatumbo, ubicada en el noreste del país.
Monge hizo un enérgico llamado a cesar los hechos violentos que han impactado de manera devastadora a las comunidades locales, incluyendo mujeres, niños y pueblos indígenas.
"Pudimos determinar el impacto de los enfrentamientos en el Catatumbo y los abusos que cometieron los grupos criminales después de estudiar el terreno y hacer un trabajo de verificación con las autoridades," declaró Monge.
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En el informe presentado por la ONU, se registraron al menos 60 homicidios, entre ellos tres defensores de derechos humanos y firmantes de paz, además de múltiples amenazas contra líderes comunitarios.
Uno de los aspectos más críticos mencionados es el confinamiento de más de 1.000 personas debido al conflicto armado. Monge también subrayó la situación de 23 comunidades indígenas del pueblo Barí y parte de la población Yukpa, de las cuales solo tres tienen acceso desde el departamento del Cesar.
"Ante esta situación, hicimos un llamado por el impacto tan nefasto que tiene sobre la población" enfatizó.
Según información brindada por fuentes del Gobierno nacional, esta escalada de violencia corresponde a una planeación del ELN, lo que ha intensificado el reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados.
"Esto es algo que hemos advertido y hemos trabajado con las autoridades nacionales para tratar de prevenir. Sin embargo, vemos una inquietante tendencia al incremento de niños, niñas y adolescentes involucrados en el conflicto", alertó Monge.
El representante también destacó la importancia de garantizar los derechos de las personas afectadas por el conflicto y de cumplir con los Acuerdos de Paz de 2016: "Esta violencia es inaceptable. Esto tiene que parar y ese es el principal objetivo. Más allá de los mecanismos que se adopten, se debe garantizar que las personas tengan las condiciones para vivir tranquilamente", sostuvo.
En cuanto a las acciones del Gobierno, Monge reconoció que se han implementado medidas como el uso de inteligencia para contener el impacto de la violencia y el desmantelamiento de estructuras armadas. "Si estas políticas se aplicaran de manera más articulada, podrían generar cambios estructurales significativos", enfatizó.
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Finalmente, Monge hizo un llamado a todas las partes involucradas en el conflicto para priorizar la protección de los derechos humanos y garantizar la seguridad de las comunidades vulnerables: "Es muy difícil estar en los zapatos de quien vive el conflicto, pero hay que proteger a las personas que no son combatientes", concluyó.
