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La familia del asesinato excandidato presidencial Carlos Pizarro, denunció que al cumplirse 30 años de este magnicidio, la investigación se encuentra en un limbo jurídico porque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está en mora de decidir si asume el proceso contra un exagente del DAS, quien es el único llamado a juicio por este caso.
Así lo señaló la congresista María José Pizarro, hija del líder de la Alianza Democrática 19 de Abril (AD/M-19), quien fue asesinado por sicarios dentro de un avión de Avianca en presencia de su esquema oficial de protección provisto por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuando se dirigía a la ciudad de Barranquilla en el marco de su campaña política, el 26 de abril de 1990.
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Según la familia, la investigación sólo comenzó a avanzar en 2015 cuando la Fiscalía decidió vincular a exagentes del extinto DAS como responsables en el homicidio de Pizarro Leongómez, cuyo caso fue declarado como un crimen de lesa humanidad, que lo hace imprescriptible.
Dos años después, la Fiscalía acusó a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, exagente del DAS y quien hacía parte del esquema oficial de protección de Carlos Pizarro, de ser el supuesto coautor del magnicidio en el marco de una alianza criminal con otras organizaciones.
De acuerdo con las investigaciones, Jaime Ernesto Gómez, quien el día de los hechos ejecutó a alias Jerry (el sicario de Pizarro), habría hecho parte de una compleja estructura criminal que se valió de los recursos del extinto DAS, para vigilar los movimientos del entonces candidato presidencial, propiciar su homicidio y encubrir el asesinato.
En desarrollo del caso, la Fiscalía General decidió vincular al proceso mediante indagatoria, a los dos exagentes del DAS Manuel Antonio González Henríquez, quien era exjefe de protección de ese organismo y a Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad.
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Sin embrago, en la actualidad el proceso más adelantado que se surtía contra Jaime Ernesto Gómez, el cual se encontraba estaba ad portas de obtener sentencia después de dos años de etapa de juicio, quedó suspendido desde el pasado 23 de octubre de 2019, tras la manifestación de sometimiento voluntario del acusado a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en su calidad de agente del Estado no perteneciente a la fuerza pública.
Aunque para la familia este homicidio no hace parte de un caso que este relacionado con el conflicto y debería seguir bajo la competencia de la justicia ordinaria, insistió en hacer un llamado a ese tribunal espoecial para que se pronuncie de manera urgente para evitar que siga paralizado el proceso.
“Si la JEP asume la competencia del caso, deberá desarrollar un proceso que garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana a la justicia, a la reparación y a conocer de manera pronta la verdad sobre lo sucedido con uno de los líderes políticos más relevantes de la década de los 80 y comienzos de los 90.
Vinculación de Miguel Maza Márquez
La representante a la cámara, Maria José Pizarro, también insistió en la necesidad de que se vincule e investigue (como se pidió a través de una compulsa de copias) al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio de su padre.
“Desde el primer momento, nosotros solicitamos que Miguel Maza Márquez fuera investigado y que rindiera indagatoria, porque la relación ente el DAS y le asesinato de mi padre fue muy clara desde el principio", dijo la congresista.
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Asimismo, sostuvo que "siempre pedimos que se abriera esa línea de investigación, no sólo porque no se le brindó la seguridad suficiente, sino también por los movimientos de escoltas en el esquema de seguridad y que siempre existió un manto de duda muy fuerte de la relación existente entre el DAS y el paramilitarismo”.
Para la familia de Carlos Pizarro, esta hipótesis se ha ido devalando con los años y así está consignado en una serie de informes que muestran la relación que existía entre el extinto Das y varios exjefes paramilitares.
Los registros judiciales señalan como los únicos condenados por su participación en este crimen en calidad de reos ausentes, a los extintos jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño.
Por su parte, el representante civil de la familia, Juan Carlos Niño, también señaló que en septiembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Carlos Pizarro para su estudio de fondo y en estos momentos se está a la espera de que la justicia internacional reconozca este homicidio como un crimen de Estado y se pueda garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia.
“Después de 30 años que han transcurrido sin que se haya dado una respuesta por parte del Estado y la justicia colombiana, se le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exija al Estado Colombiano el cumplimiento estas obligaciones”, agregó el abogado Juan Carlos Niño.
