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El Estado francés es "responsable" de inacción en la lucha contra el cambio climático, consideró este miércoles la justicia administrativa del país, a la que había recurrido un grupo de ONG apoyadas por una petición de más de 2,3 millones de ciudadanos.
El Tribunal Administrativo de París reconoció la existencia de un perjuicio ecológico, aunque se dio un plazo de dos meses para decidir si ordena al Estado que tome medidas para respetar sus propios compromisos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como solicita la parte demandante.
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Dado "los compromisos que había adquirido y que no respetó en el marco del primer presupuesto carbono sobre las emisiones nacionales autorizadas, el Estado debe ser considerado responsable (...) de parte del perjuicio ecológico constatado", dictaron los jueces del tribunal.
Aunque rechazaron la demanda de reparación de un euro simbólico reclamado por las asociaciones por perjuicio ecológico, aceptaron imponer un euro simbólico por perjuicio moral.
Las cuatro asociaciones son Notre Affaire à tous, Greenpeace Francia, la Fundación Nicolas Hulot y Oxfam Francia. Hace dos años, lanzaron una petición inédita en línea, que reunió el apoyo de más de 2,3 millones de ciudadanos para exigir cuentas al Estado en materia climática.
"Los jueces dicen claramente hoy que las promesas no comprometen a quienes las escuchan sino primero a quienes las formulan", estimó la eurodiputada ecologista Marie Toussaint, una de las promotoras de la iniciativa judicial.
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El gobierno francés "tomó nota" de la decisión judicial, a la vez que afirmó "estar plenamente comprometido" con la lucha contra el cambio climático.
El Ejecutivo "es consciente del hecho de que los primeros objetivos fijados en este periodo pasado no fueron alcanzados. Es por ello que desde 2017 intensificó en gran medida sus esfuerzos en materia de políticas de reducción de emisiones", indicó el ministerio de la Transición Ecológica.
El plazo de dos meses que se dio el Tribunal Administrativo debería paralelamente permitir al Consejo de Estado pronunciarse sobre una demanda similar, introducida por la comuna de Grande-Synthe.
En una primera decisión sobre el caso en noviembre, la más alta jurisdicción administrativa francesa dio tres meses al Estado para justificar sus acciones en materia de reducción de emisiones.
El Consejo de Estado argumentó que Francia --que se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 40 % en 2030 respecto a 1990 -- había hasta ahora superado los límites que se había fijado para cumplir con su objetivo.
La "justicia climática" ha cobrado fuerza en los últimos años en el mundo, con la multiplicación de demandas contra autoridades públicas por su gestión del calentamiento del planeta.
Uno de los casos paradigmáticos se dio en Holanda en 2019, cuando el Tribunal Supremo ordenó al gobierno reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 25 % en 2020.
Pero también se han producido victorias medioambientales más locales, para frenar por ejemplo la construcción de oleoductos en zonas naturales.
