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Catalina Botero, exrelatora para la libertad de expresión en América Latina y una de las constitucionalistas más reconocidas del continente, expresó su profunda preocupación por el proceso de elección por voto popular de jueces en México. En entrevista con La FM, calificó esta medida como un paso hacia el control político del poder judicial y una amenaza directa a la democracia.
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Vacancia judicial generalizada: una decisión sin precedentes
Según Botero, lo que ocurre en México no tiene antecedentes en el mundo: “Es el único caso en el que un gobierno, molesto por los frenos que le puso el poder judicial a sus iniciativas inconstitucionales, decide declarar la vacancia total de jueces y sustituirlos a través de elecciones populares”, afirmó.
Explicó que la mitad de los nuevos jueces fueron electos el pasado domingo y la otra mitad lo serán en 2027. Este proceso, impulsado por el partido gobernante Morena, controlado por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora electa Claudia Sheinbaum, ha sido criticado por su falta de garantías democráticas.
“No es cierto que sea una elección competitiva. Las listas de candidatos fueron elaboradas por Morena, y la ciudadanía solo podía votar por nombres ya preseleccionados por el partido del poder. Además, se les entregó a los votantes una guía ilegal sobre cómo sufragar, lo que hace que el proceso sea totalmente tramposo”, denunció.
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Control del poder judicial y riesgo para la independencia
La preocupación de Botero va más allá del mecanismo electoral. Aseguró que no solo se controló la entrada de jueces, sino también su permanencia: “Crearon un tribunal de disciplina judicial, también controlado por Morena, que puede destituir a cualquier juez si su decisión no le gusta al partido”.
En su análisis, la abogada colombiana advirtió que este tipo de prácticas ya han sido implementadas en países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, donde el poder judicial ha sido cooptado por intereses políticos. “Esto disuelve la democracia. No hay democracia sin jueces independientes”, concluyó.
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Una advertencia para Colombia
Botero también se refirió al debate incipiente en Colombia sobre una posible elección popular de jueces, advirtiendo que adoptar este modelo sería “gravísimo”.
“Si eso pasa en Colombia, toda la población se quedaría sin el recurso más valioso que ha tenido para defender sus derechos: la tutela. Volveríamos a un sistema en el que habría que rogarle al político de turno para que proteja nuestros derechos”, alertó.
El caso Guatemala y la persecución judicial
Durante la entrevista, Catalina Botero también abordó el caso de las órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo en Guatemala, a quienes considera víctimas de una persecución política.
“Las decisiones del Ministerio Público y el tribunal guatemalteco violan acuerdos de Naciones Unidas y se basan en acusaciones infundadas. Es el mismo aparato que hoy mantiene exiliados a jueces y fiscales que lideraron la lucha anticorrupción”, afirmó.
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Botero destacó que el exministro Velásquez, independientemente de las valoraciones políticas, es “una persona honorable que no merece este tipo de persecución”, e insistió en que la justicia no puede ser utilizada como herramienta de retaliación política.
“Principios que no se negocian”
La constitucionalista cerró su intervención con un llamado a la sensatez: “No se puede perseguir jurídicamente a alguien porque se está en desacuerdo político con él. Ese debería ser un principio mínimo compartido por todas las democracias”.
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Las declaraciones de Catalina Botero no solo describen una grave crisis institucional en México, sino que lanzan una alerta sobre los efectos regionales de estas decisiones. En su opinión, el caso mexicano no debe tomarse como un referente de participación ciudadana, sino como una advertencia de lo que ocurre cuando el poder político captura la justicia.
