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El grupo empresarial Keralty presentó denuncias formales contra el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por las recientes declaraciones del mandatario, en las que calificó a Joseba Grajales, cabeza del grupo, como un “criminal” y pidió su salida del país. En medio de un proceso internacional por más de 5,2 billones de pesos ante el Ciadi, el conflicto entre el gobierno colombiano y el conglomerado de salud se intensifica.
En diálogo conLa FM de RCN, el abogado Juan David Riveros, representante jurídico de Keralty, aseguró que las declaraciones del presidente no solo son desproporcionadas, sino que constituyen delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación. “En estos 15 meses hemos sido objeto de una hostilidad permanente por parte del presidente y varios de sus ministros. Aun así, hemos hecho un esfuerzo por no caer en provocaciones ni en descalificaciones personales”, dijo Riveros.
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Según explicó, se radicaron dos denuncias formales: una ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el presidente Petro, y otra contra el ministro de Salud, por las declaraciones emitidas en medios y espacios públicos. “Nos mantenemos en acudir a los canales institucionales. Confiamos en la justicia del país, con independencia de quién tenga que ejercerla”, afirmó.
Además, Riveros anticipó que se está preparando una acción de tutela contra el presidente, buscando proteger los derechos fundamentales de Joseba Grajales. “El derecho al buen nombre, la libre locomoción, la entrada y salida del país, son garantías mínimas en un régimen democrático. Lo que ha hecho el presidente al pedir públicamente que se vaya del país es arbitrario y excesivo”, aseguró.
Aunque aún no han acudido formalmente a instancias internacionales, el abogado confirmó que están considerando elevar el caso ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de garantizar protección jurídica al empresario. “Estamos evaluando cuál es la vía más adecuada. Lo que buscamos es que no se limite el ejercicio pleno de sus derechos como ciudadano extranjero residente en Colombia”.
Respecto a la alocución presidencial en la que Petro mencionó que “nos quitaron Sanitas” y sugirió prolongar la intervención a la EPS, Riveros afirmó que esto confirma los rumores sobre una intención de mantener el control de manera indefinida. “Aunque no conocemos aún el fallo completo de la Corte Constitucional, con el comunicado de prensa era posible iniciar el proceso de devolución. Sin embargo, el gobierno ha optado por no hacerlo, lo cual genera incertidumbre”, explicó.
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El abogado también expresó su preocupación por la politización del debate sobre el sistema de salud. “Lo que debería ser una discusión técnica y enfocada en mejorar los indicadores, se ha convertido en una confrontación política. El sistema de salud se está desmoronando y los pacientes son quienes más están perdiendo”, lamentó.
Por ahora, Keralty continúa trabajando en su estrategia legal y en la defensa de su reputación. “Hemos presentado denuncias, vamos a interponer una tutela, estamos considerando la vía internacional. Y aunque aún no hemos definido si se pedirá una indemnización, toda acción penal conlleva el derecho a la verdad, justicia y reparación”, señaló Riveros.
Para el abogado, lo más importante es que se esclarezca la verdad: “Queremos que se sepa que las afirmaciones que califican al señor Grajales como un delincuente no son reales. Son parte de un discurso con el que se busca descalificarlo y afectar la labor empresarial que ha ejercido durante años en el sistema de salud colombiano”.
La disputa entre el grupo Keralty y el gobierno Petro ahora se libra no solo en el ámbito público, sino también en los tribunales nacionales e internacionales. Lo que está en juego no es solo la reputación de un empresario, sino la credibilidad del Estado ante inversionistas y organismos internacionales.
