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El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Yarumal, Antioquia, admitió la acción de tutela presentada por el personero municipal de Briceño, Wilmer Moreno Sánchez, en favor de la población desplazada de ese municipio, ubicado en el norte antioqueño.
La acción se dirige contra la Presidencia de la República, el Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio del Interior y de Justicia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la población desplazada.
Dentro del proceso, también se vinculó a la Alcaldía de Briceño, la Gobernación de Antioquia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, con el fin de que se pronuncien sobre la tutela en un término de tres días hábiles.
Asimismo, el juzgado ordenó a la Unidad para las Víctimas “brindar de manera inmediata, continua y subsidiaria la ayuda humanitaria de emergencia en alimentación, alojamiento temporal y kits de aseo a más de mil familias y más de dos mil personas desplazadas en Briceño, sin condicionarla a la entrega de un censo definitivo o depurado, en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y al carácter imperativo y urgente de la ayuda humanitaria.”
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La medida responde a denuncias recientes del alcalde de Briceño, Noe de Jesús Espinosa, quien aseguró que las ayudas recibidas se están agotando. Indicó que diariamente se requieren dos cerdos para alimentar a los desplazados y que la ayuda del Gobierno Nacional aún no ha llegado.
Hasta la fecha, más de 2.000 personas provenientes de 21 veredas de Briceño han sido desplazadas por amenazas del frente 36 de las disidencias de las Farc, quienes obligaron a estas familias a abandonar sus hogares, dejando todas sus pertenencias, incluidos sus animales.
