La FM en Google News
La Fiscalía General de la Nación imputó este viernes a dos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Medellín en la administración de Daniel Quintero, presuntamente por celebrar el contrato interadministrativo Nº 46000098703 para la recuperación e intervención de la malla vial del Metroplús por un valor de $16.000 millones en vigencia de Ley de Garantías.
Se trata de Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad de Medellín, imputado por el delito de falsedad ideológica en documento público. Según se pudo conocer, Torres expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión.
Lo anterior, para darle apariencia de legalidad al millonario contrato celebrado durante la vigencia de la Ley de Garantías.
Igualmente, ante el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la Fiscalía imputó a Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad del Distrito, como coautora del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Lea también: Juez condena al abogado Diego Cadena por el delito de soborno en actuación penal
De acuerdo con la Fiscalía, dentro de las irregularidades se destaca que el contrato fue celebrado horas antes de entrar en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que prohíbe este tipo de convenios cuatro meses antes de elecciones territoriales. Además, se tramitó sin estudios previos completos, sin análisis riguroso del sector ni justificación presupuestal.
También utilizó una modalidad de contratación directa reservada para casos excepcionales, eludiendo la licitación pública. A esto se suma que incluyó obras civiles que no eran competencia de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Infraestructura Física de la Alcaldía de Medellín.
Lea también: Procuraduría investiga a funcionarios por presunta gestión de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua
Hay que indicar que, tanto Torres Ojeda como otros funcionarios, ya habían sido imputados en el mes de abril de 2025 por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
