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A propósito del nombramiento de la nueva directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, Lidy Ramírez, desde la Asamblea Popular de los Montes de María, hicieron un llamado para que se incentiven las capacitaciones a las comunidades, voceros aseguran que los estafadores de procesos por restitución de tierras van en aumento.
RCN Radio conversó con Edgardo Flores, dinamizador Asamblea Popular de los Montes de María, y mencionó que en varios municipios de Bolívar, como El Carmen, San Jacinto y San Juan, las víctimas del conflicto enfrentan una grave crisis por presunta falta de orientación institucional. Flores indicó que pesar del reciente nombramiento de una nueva directora en la Unidad de Víctimas, la entidad estuvo sin liderazgo durante meses, y que esto afectó considerablemente el sistema de atención.
En la misma denuncia, mencionó que esta ausencia fue aprovechada por abogados y tramitadores que al parecer cobran ilegalmente por servicios gratuitos. Sobre esto es importante mencionar que aunque la ley prohíbe estos cobros o los limita al 10%.
"Hoy tenemos víctimas en los territorios que pagan por encima del 35 y casi hasta el 50% en los procesos. Pero todo se debe a que la Defensoría del Pueblo, y específicamente Justicia y Paz no aparece, no está. No aparece por ninguna parte y la desinformación y la desorientación es casi absoluta en las víctimas y las ves pasando de un lado al otro con plática en la mano buscando al tramitador o a la persona que recomendó el abogado para que le eh le haga el trámite. Estamos hablando del Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan, todo ese sector y se dio, se disparó esta situación con el tema de el pago que recibió la comunidad del Salado por su proceso que llevaba más de 20 años", señaló Edgardo Flores.
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Edgardo Flores sostuvo además que la desinformación es tan alta que muchas personas portan documentos sensibles como sus declaraciones, lo que pone en riesgo su seguridad, también denunció que esta problemática lleva más de cuatro meses sin respuesta por parte de las autoridades responsables en las que también mencionó a la Defensoría del Pueblo, pero puntualmente hizo un llamado a la nueva directora de la Unidad de Reparación de Víctimas en Bolívar, Lidis Ramírez:
"Sí, el llamado es a que primero debe ponerse en comunicación directa con las mesas de víctimas y debe ponerse en en comunicación directa con los procesos sociales que estamos en los territorios para que podamos articular una estrategia de actualizar información con las comunidades, con las comunidades víctimas y frenar esta situación que se está presentando y corregir, tomar tomar medidas...no funciona allá donde estamos siendo victimizados por actores armados en el territorio y el llamado es a que se pueda reactivar y que se le pueda brindar la atención integral a a las víctimas recientes, las que están sucediendo ahora, que nos está pasando. Y toca actuar ya. Toca actuar ya porque no podemos hablar de la violencia como en tiempo pasado, no, es que a nosotros nos está pasando", indicó.
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En la misma entrevista se logró conocer que además del aparente abandono institucional, se ha evidenciado que algunas víctimas prefieren no denunciar los cobros ilegales por temor a represalias o por desconfianza en las autoridades. Solo a través de personas de confianza se han conocido casos concretos.
