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El municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño, fue el punto de ingreso de más de 600 colombianos deportados por Ecuador en las últimas horas. Así lo confirmó el alcalde José Amílcar Pantoja, quien señaló que más de 590 personas quedaron en libertad.
Según explicó, un primer grupo de más de 600 personas fue trasladado directamente desde las cárceles ecuatorianas hasta el puente internacional de Rumichaca, donde fueron recibidos por autoridades colombianas.
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“Diez quedaron capturadas, todas las demás quedaron en libertad. Se dispuso un corredor humanitario, con vehículos, para transportar a las personas a sus ciudades donde tienen familia”, destacó.
De ese total, 10 individuos fueron detenidos tras verificar que tenían cuentas pendientes con la justicia nacional. Cuatro de ellos podrían recuperar la libertad en las próximas horas, si se confirma que sus antecedentes judiciales ya no están vigentes.
“Ellos fueron detenidos, retenidos en el punto. Posiblemente, cuatro de ellos puedan quedar ya en libertad, porque se está verificando si los antecedentes, pues, están vigentes como tal”, dijo.
El resto, más de 590 ciudadanos, recuperaron su libertad de inmediato, al no presentar requerimientos judiciales en Colombia y haber cumplido su pena en territorio ecuatoriano.
“La mayoría, hombres, algunas mujeres, pero la mayoría fueron hombres de diferentes lugares del país, de Cali, de Pereira, de Bogotá”, señaló.
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Las autoridades locales, en conjunto con el Ministerio del Interior, habilitaron un corredor humanitario con transporte hacia diferentes ciudades del país. Sin embargo, algunos optaron por quedarse en Ipiales o trasladarse por cuenta propia, luego de contactar a sus familiares.
Frente a las bajas temperaturas de la región, el municipio habilitó un plan de atención humanitaria con entrega de cobijas, alimentos y albergue temporal.
Se espera que en los próximos días lleguen cerca de 1.061 connacionales en total, divididos en varios grupos. La administración municipal trabaja con la Cancillería colombiana para mejorar la coordinación logística y de seguridad ante las futuras llegadas.
“Cabe destacar que esta es una medida que no se comunicó, no se informó de ninguna manera, ni a nosotros como alcaldía, ni al departamento, ni a la Nación, y, pues, es una figura muy atípica, porque la deportación como tal, o la repatriación, tienen unos protocolos internacionales, binacionales establecidos, y en este caso, se vulneraron todos los protocolos”, señaló.
El mandatario reiteró que las relaciones en la zona fronteriza han sido respetuosas y fluidas con las fuerzas del vecino país, aunque reconoció que en esta ocasión se cometió un error evidente en el procedimiento.
