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En un comunicado público los senadores Israel Zúñiga y Victoria Sandino, miembros del partido Comunes (Farc) hicieron un llamado a la II Misión de la ONU, a los países garantes del Acuerdo Final Cuba y Noruega, y a los políticos internacionales José Mújica y Felipe González, para que intervengan ante el Gobierno del presidente Iván Duque con el fin de que se cumpla al pie de la letra lo estipulado y establecido en los acuerdos de paz firmados en el 2016.
Los senadores advierten que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el conjunto de compromisos acordados en los acuerdos, han tenido “sucesivas alteraciones” y dicen que no pueden ser juzgados como criminales, sino como rebeldes.
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Según ellos, la extinta guerrilla de las Farc no fue “un aparato criminal” sino “una organización rebelde” por lo cual sus acciones en el marco de la guerra deben ser contempladas como delitos políticos y conexos.
“Nuestro actuar fue dirigido siempre a construir soluciones sociales que permitieran ejercer nuestro derecho revolucionario al servicio de las comunidades. No pretendemos desconocer hechos que en el marco del conflicto generaron repudio por parte de la población, pero si que se reconozca la naturaleza propia de la insurgencia de la armada de las FARC-EP, del conflicto colombiano y el espíritu del Acuerdo de Paz”, dice el documento.
Ante esto, critican que la JEP no esté trabajando bajo las categorías de derecho internacional, sino utilizando categorías que se aplican a criminales comunes y piden se reconozca el carácter de organización rebelde de las Farc-EP y el carácter político del conflicto colombiano como quedó consignado en los acuerdos.
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“La guerra nunca fue nuestra primera opción. Nos vimos obligados a ser parte de ella por la ausencia de reformas sociales y garantías democráticas que, en parte, quedaron mandatadas en el Acuerdo de Paz del que somos signatarios, pero que siguen sin materializarse en medio del desinterés cómplice del actual gobierno”, dice la misiva.
También señalan la importancia de la JEP tal cual como está diseñada en los Acuerdos de Paz, para lograr una reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
“Los avances que el país espera de la Jurisdicción Especial de Paz sobre todos los hechos victimizantes de todos los actores del conflicto armado colombiano deberían enmarcarse en una justicia reparadora, restaurativa y prospectiva”, dice el documento.
