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Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, junto a la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, entregaron detalles del protocolo que se implementará para evitar casos de acoso o abuso sexual en el Capitolio Nacional.
El documento está dirigido a los congresistas, a los servidores públicos que laboran en la institución, a personal de la Policía y de seguridad, así como a pasantes, judicantes y personal de servicios generales.
Pizarro fue la encargada de explicar los puntos principales del protocolo que tiene como propósito prevenir, hacer pedagogía y sancionar cualquier tipo de violencia de género que se presente en el Congreso de la República.
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Según la legisladora, uno de los puntos importantes es que los trabajadores deberán firmar una cláusula que los obligará a no incurrir en estos episodios.
“Contiene una inducción obligatoria para cualquier persona que trabaje en el Congreso, hay una cláusula que se va a incorporar en los contratos y trabajamos para que servidores públicos firmen un compromiso y una obligación de no incurrir en delitos sexuales en el Congreso de la República”, sostuvo.
Dijo que las cláusulas serán elaboradas por las oficinas jurídicas de cada una de las cámaras y las mismas aplicarán para los contratos que se firmen hacia futuro.
“Se incluirá en los contratos que vengan de aquí en adelante, pero debemos hacer un énfasis en acciones pedagógicas, ya que en el Congreso prima el estilo y formas masculinas y tiene que empezarse a desnaturalizar lo que siempre ha sido natural, como cogerles la mano, el coqueteo, porque por ahí se empieza”, explicó.
Adicionalmente, el protocolo contempla medidas de orientación, empoderamiento y de asesoría, para que las mujeres o las víctimas puedan tramitar su denuncia contra los responsables ante la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia.
“Hay un grupo especializado que se creará en la Comisión de la Mujer que puedan atender las violencias basadas en género en el sentido más amplio. Son personas que conocen y tienen las herramientas para atender los casos que se presenten”, señaló.
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“Habrá toda la orientación y acompañamiento jurídico para que puedan presentar la denuncia, ya que hoy hablamos que apenas el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral denuncian, el resto no se sienten seguras, ni tranquilas y menos en un espacio de poder en el Congreso de la República”, indicó.
Roy Barreras y David Racero afirmaron que se trata de una ruta administrativa y política que se creó con la asesoría de organizaciones que trabajan los temas de género, para responder ante los casos de violencia sexual que se han conocido públicamente y los que aún no se conocen.
