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La gerente encargada del Fondo Adaptación y directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, reveló un panorama crítico de la entidad.
De acuerdo con la funcionaria, hay recursos millonarios sin ejecutar, obras inconclusas, riesgos de pérdida presupuestal y decisiones administrativas cuestionadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, en esa entidad.
A través de un informe, Rodríguez Fajardo detalló que mientras la ejecución de las labores de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011, alcanzaron un 90%, los trabajos en La Mojana apenas llegan al 3%; hay contratos sin avance y alertas omitidas por control interno.
Su revisión incluye baja ejecución presupuestal, obras inconclusas y decisiones administrativas adoptadas durante la gerencia de Carlos Carrillo, que según dijo, generaron riesgos financieros y dudas sobre la gestión.
Rodríguez aseguró que al iniciar el empalme encontró recursos sin ejecutar, proyectos sin avances y decisiones administrativas, que en sus palabras, “no tienen una justificación técnica ni presupuestal”.
Agregó que estas situaciones podrían comprometer recursos públicos: “Hay riesgos de reintegros millonarios por la falta de gestión”.
Ejecución presupuestal en alerta: riesgo de reintegro por casi $800.000 millones
En el balance financiero, Angie Rodríguez señaló tres focos de riesgo:
Fenómeno de La Niña 2010-2011: Aunque históricamente se ha ejecutado el 90% de los $8,3 billones destinados para reconstrucción, la gestión reciente quedó en evidencia. En 2024, el Ministerio de Hacienda solicitó el reintegro de casi $200.000 millones por baja ejecución y en 2025 solo se ha cumplido el 47% de las metas del año, lo que podría llevar a un reintegro adicional cercano a $378.000 millones.
La Mojana: El Gobierno destinó $1,1 billones para la región, pero a la fecha solo se han pagado $30.000 millones, es decir, el 3%. Según Rodríguez, esta situación representa el riesgo de perder $235.000 millones por no uso de los recursos. “No es razonable que con semejante asignación presupuestal la ejecución esté en 3%”, afirmó.
Traslado de sede durante la gerencia de Carlos Carrillo: Uno de los temas que la funcionaria puso sobre la mesa fue el traslado del Fondo Adaptación del CAN hacia la sede Conecta 26, decisión tomada por Carlos Carrillo en diciembre de 2024. Según Rodríguez, la medida duplicó los costos mensuales sin documentación de respaldo.
“El cambio de sede aumentó en un 195% los costos y no encontré una justificación real para ese movimiento”, indicó. Como correctivo, anunció que la entidad regresará al Centro Internacional, una decisión que permitirá un ahorro anual cercano a $1.000 millones.
Obras inconclusas y procesos judiciales en aumento
El Fondo Adaptación enfrenta actualmente 181 procesos judiciales por un monto total de $1,2 billones, y 21 intervenciones están en la lista de obras inconclusas bajo seguimiento de la Contraloría. Otras 40 están en proceso de ser incluidas.
Se identificaron proyectos con mayor avance financiero que físico, obras terminadas sin condiciones mínimas de funcionamiento y contratos en liquidación judicial o con demandas en curso. Entre los casos mencionados figuran:
-Centro de Salud en La Tola, Nariño.
-Urbanización Brisas del Pacífico (Guapi, Cauca).
-Urbanización La Morenita (Toledo, Norte de Santander).
“Hay proyectos que recibieron recursos sin haber avanzado de manera proporcional en obra física”, afirmó Rodríguez.
La Mojana: retrasos en estudios y contratos cuestionados
El proyecto para la solución estructural de La Mojana —que beneficia a 11 municipios y a más de 405.000 personas— también presenta atrasos significativos.
Rodríguez señaló que la licitación de $54.000 millones para estudios y diseños fue declarada desierta en 2024 y que en lugar de estructurar un nuevo proceso, la gerencia anterior optó por asumir la preinversión con contrataciones menores que no contaban con la capacidad técnica necesaria.
Entre las inversiones cuestionadas mencionó:
-Plataforma MojanIA, con costos permanentes por licencias y soporte.
-Ruta del Arroz, con avance físico del 27% y avance financiero del 0%.
-Un convenio por $17.500 millones para insumos básicos, contratado de forma directa pese a advertencias de control interno.
“La entidad debería estar ejecutando obras y hoy solo tiene una solución conceptual”, señaló la funcionaria.
Plan de acción y remisión del informe a entes de control
Angie Rodríguez anunció que el plan de trabajo se centrará en cinco líneas: acelerar intervenciones prioritarias, dinamizar proyectos en ejecución, fortalecer seguimiento territorial con veedurías, aumentar presencia regional y mejorar la articulación interna.
El informe completo fue remitido a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, y también fue entregado a medios de comunicación para conocimiento público.
“El país debe saber en qué estado real están estos proyectos y qué acciones se van a tomar para corregir el rumbo”, concluyó.
