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El presidente de la República, Iván Duque, sostendrá un cara a cara con un grupo de excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC en el departamento de Tolima, en donde explicará los alcances de las objeciones que realizó a seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP).
En esa visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de excombatientes de las Farc ysegún fuentes del Gobierno Nacional consultadas por RCN Radio, el presidente les manifestara que las objeciones no afectarán el cumplimiento de los acuerdos, ni las acciones que se desarrollan en favor de los excombatientes que están en estas áreas.
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Es la tercera vez que Duque visita una zona con esas características, ya que en días pasado estuvo en el corregimiento de San José de Oriente en el departamento del Cesar, además de la visita el año pasado en Pondores, Fonseca en el departamento de La Guajira.
El Gobierno Nacional dio a conocer esta semana que las objeciones a los seis artículos de la ley estatutaria de la JEP, cuyo trámite se adelanta en el Congreso, no afectará la situación jurídica de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.
Emilio Archila, consejero presidencial para el Posconficto, Derechos Humanos y Seguridad, afirmó que de aprobarse las objeciones en el Congreso, su aplicación no será retroactiva.
“Le hemos explicado a los excombatientes una vez que visitamos los espacios territoriales donde se encuentran concentrados, que las objeciones no va a perjudicar su situación jurídica y su aplicación es claro que no será retroactiva”, sostuvo Archila.
A su turno, el alto consejero para los Derechos Humanos de la presidencia de la República, Francisco Barbosa, reveló que si el Congreso rechaza las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, el presidente Iván Duque cumplirá con su mandato constitucional y sancionará la norma.
Barbosa indicó que el presiente Iván Duque no actuó en contravía de la sentencia de la Corte Constitucional, porque las objeciones presidenciales por inconveniencia son un derecho y están consagradas en una ley.
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"Aquí se van a destinar 37.1 billones de pesos para la implementación del acuerdo. Entonces lo que hay que hacer es recoger un consenso nacional en torno a esto, respetando la decisión que tome el Congreso", afirmó Barbosa.
