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La FM conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió de oficio una indagación previa por las denuncias que involucran al representante a la Cámara David Racero, quien es señalado de supuestamente haber pedido dinero a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La decisión fue adoptada por parte del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Ahora se espera que por reparto, es decir por sorteo, se defina el magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que conocerá esta indagación.
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Una vez se avance en esta indagación, con base en el respectivo análisis de pruebas se determinará si hay méritos suficientes para abrir una investigación formal contra el congresista Racero.
Según las denuncias, Racero habría incurrido en prácticas como el cobro de parte de los ingresos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o la asignación de tareas particulares a empleados públicos, los cuales, habrían quedado consignados a través de conversaciones por WhatsApp entre Estefanía Montoya, miembro de su UTL, y su esposo, Yidis Gahona, también exasesor de Racero.
Uno de los chats es del 22 de diciembre de 2019, en este Estefanía Montoya habría recibido un mensaje del congresista en el que le preguntaba ¿cuánto recibía mensualmente de salario?, a lo que ella respondió que su salario correspondía a $8.158.000 pesos y que entregaba 3.500.000 a su esposo, quedando para ella 4.300.000 pesos. Racero simplemente, al parecer, respondió “OK. Tenlo ahí”.
En los mensajes que se conocieron en torno a estos hechos, se hace mención a que supuestamente Racero también le habría pedido a su asesora Estefanía Montoya cubrir una deuda de $2.375.000 de una tarjeta de crédito del congresista.
De igual forma, se hizo mención al caso de Leonardo García, quien al parecer pese a que estaba asignado como conductor del congresista terminó atendiendo un negocio particular del Representante durante la época de la pandemia derivada por la covid -19.
Esta indagación previa de la Corte Suprema se suma a la que también inició la Procuraduría General de la Nación.
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Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por la Procuraduría se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
