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El ministro de Justicia interino, Andrés Idárraga, radicó en la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra tres congresistas por el delito de menoscabo a la integridad nacional. El funcionario se sumó a su colega de la cartera del Trabajo, Antonio Sanguino, y a la abogada Jessica Chávez.
Para Idárraga, también secretario de Transparencia, los trinos del senador Jonathan Pulido —Jota Pe Hernández, del Partido Verde—; la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y la representante Lina María Garrido, de Cambio Radical, afectan la soberanía de Colombia.
Sanguino incluyó al representante Miguel Polo Polo en su denuncia, por publicar imágenes con inteligencia artificial que aluden a una captura del presidente Gustavo Petro por parte de su homólogo Donald Trump. "Nos vemos en la Sala de Instrucción", respondió su abogado, Jhonatan Peláez.
El presidente de Estados Unidos no descarta en Colombia una operación militar similar a la que dio con el arresto de Nicolás Maduro en Caracas. "Suena bien para mí", afirmó el 4 de enero en una conversación con la prensa en la que calificó al país como uno "enfermo".
"Venezuela está muy enferma, Colombia está muy enferma también, dirigida por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla en los Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo, déjenme decirles", dijo el mandatario republicano, despertando reacciones en Bogotá.
Fue la tercera advertencia del magnate en un mes. Un día antes, en una conferencia de prensa en Florida, insistió sin pruebas en que el presidente Gustavo Petro"está produciendo cocaína y la está enviando a Estados Unidos", así que "será mejor que se cuide el trasero".
Las reacciones que el Gobierno quiere que la justicia castigue
Idárraga invitó a "todas las cabezas de la institucionalidad" a rechazar las insinuaciones de Trump, y luego el ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó su "silencio". El propio Gustavo Petro respondió en su cuenta de X, advirtiendo de forma ambigua que su detención desataría "al jaguar popular".
Las respuestas han sido distintas en las bancadas opositoras a la administración de Petro. Lina Garrido publicó un trino pidiéndole al jefe de Estado norteamericano que "no tarde tanto" en actuar en Colombia. Jota Pe Hernández replicó en Instagram la amenaza de que Petro "cuide su trasero".
El ministro Idárraga sostiene que las declaraciones de los congresistas no son opiniones, sino "un acto de hostilidad" que "rompe la inviolabilidad parlamentaria", al ser un presunto delito que no tiene conexión con sus funciones legislativas. "La autodeterminación no se negocia", sentenció.
Las altas cortes siguen en vacancia judicial. El receso colectivo reglamentario va hasta el martes 13 de enero, cuando los despachos, incluyendo los de la Sala Especial de Instrucción —que investiga a legisladores—, retomarán sus labores. Hasta entonces, la denuncia no avanzará.
De todos modos, una vez la Rama Judicial arranque su año, no habrá muchas probabilidades de que las acciones legales lleguen a buen puerto. Los ministros denunciaron por menoscabo a la integridad nacional, del artículo 455 del Código Penal, e instigación a la guerra, del 458.
Un delito sin condenas y con pobre recorrido judicial
Ninguno de los delitos ha arribado alguna vez a una condena. De acuerdo con datos del sistema penal acusatorio, que la Fiscalía compila desde 2010, el ente acusador ha abierto veintiún noticias criminales de menoscabo, que no ha salido de la ley penal desde hace veinticinco años.
Del total, quince casos están inactivos y apenas seis siguen andando. Ningún proceso entre la veintena ha pasado de la etapa de indagación, o sea que no han logrado ni siquiera una imputación. El año con más apertura de causas fue 2025, con apenas cuatro.
La primera vez que la Fiscalía abrió una indagación por el artículo 455 se remonta a 2010. La segunda ocasión llegó tres años después, y un par de noticias criminales surgieron en años consecutivos hasta 2017. Lo cierto es que ninguna medró.
El menoscabo a la integridad nacional es uno de los siete delitos que conforman el capítulo de traición a la patria del Código Penal, un aparte que busca castigar conductas graves que atenten contra la existencia y la seguridad del Estado.
Históricamente, ha aparecido poco en las discusiones públicas. En 2003 el Colectivo José Alvear Restrepo (Cajar), una oenegé defensora de derechos humanos, denunció al entonces presidente Álvaro Uribe en la Comisión de Acusación por permitir bases militares estadounidenses en Colombia.
La historia le daña al Gobierno su cruzada contra los congresistas
Uno de los firmantes de la denuncia fue Reinaldo Villalba. Años después se convirtió en el abogado del senador Iván Cepeda, quien se enfrentó al expresidente Uribe en el proceso por manipulación de testigos que concluyó en 2025 con una absolución del exmandatario.
En julio de 2012 Uribe se refirió al tipo penal en su cuenta de Facebook, en medio de una discusión por un video en el que la fallecida exsenadora Piedad Córdoba incitaba al indígenas del Cauca a rechazar la presencia de las Fuerzas Militares en sus territorios.
La poca exposición del menoscabo a la integridad nacional en procesos judiciales avanzados ha impedido un desarrollo jurídico que al menos se acerque a otros con más interpretaciones o abordajes, como la inasistencia alimentaria, el homicidio o el hurto, que son más cotidianos.
En la Corte Suprema —el órgano de cierre en asuntos penales— y en la Corte Constitucional —el tribunal más importante del país— no hay jurisprudencia que influya en el tratamiento de los jueces o de la Fiscalía en una eventual investigación.
Así que para entenderlo la clave es el Código. "El que realice actos que tiendan a menoscabar la integridad territorial de Colombia, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano o a fraccionar la unidad nacional", irá a prisión por hasta 45 años.
Las denuncias por menoscabo a la integridad nacional inician sin fuerza
Tanto las cifras como la doctrina muestran no solo que no es un delito común, sino que "resulta altamente complejo desde el punto de vista probatorio", como le explica la penalista Dalila Henao a La FM. El derecho penal castiga actos concretos y demostrables, no ideas.
Penalizar opiniones o meras expresiones sería desproporcionado. "Permitir que se acuse de traición a la patria o de menoscabo a la integridad nacional a quien expresa una opinión, por más desafortunada que sea, abre la puerta a un uso político del derecho penal", afirma Valentina Lizcano.
"Lo que debemos preguntarnos no es si el mensaje fue escandaloso, sino si fue un acto jurídicamente idóneo para afectar la soberanía nacional", remarca la especialista en ciencias penales y criminológicas. "Si no hay riesgo concreto, no hay delito", indica en diálogo con La FM.
A diferencia de otros delitos que especifican quiénes pueden ser sujetos activos o potenciales investigados —como el peculado, que habla específicamente de servidores públicos—, el menoscabo a la integridad nacional no discrimina a quién puede juzgar.
En términos simples, cualquier persona podría incurrir en el punible. Pero es claro que no todo el mundo tiene el poder para ello. Si alguien manifiesta deseos de una invasión extranjera, debe probarse su "potencial eficacia", en palabras de Lizcano, o su "potencialidad real", en las de Henao.
A mediados de enero, la Sala de Instrucción deberá repartir las denuncias, que seguramente, como tienen los mismos argumentos, se acumularán en un solo expediente. Un magistrado revisará los documentos y determinará si le da paso a un proceso en firme o si no hay bases sólidas.
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