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El exfiscal General Francisco Barbosa explicó a través de un análisis con La FM los elementos de la estrategia de defensa anunciada por Nicolás Maduro tras comparecer ante un juez federal en Nueva York, las decisiones procesales adoptadas en audiencia y los escenarios previstos sobre detención, fianza, legalidad del operativo y financiación de la defensa.
Barbosa señaló que la defensa partió de “declararse inocente” para iniciar el litigio luego de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante el juez federal Alvin Hellerstein, en el distrito sur de Nueva York, donde se leyeron los cargos del indictment, se revisaron los estatutos de detención y se fijó el calendario procesal.
Durante la audiencia, Maduro afirmó ser el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, dijo haber sido “secuestrado por Estados Unidos”, se declaró prisionero de guerra y afirmó acogerse a los convenios de Ginebra, líneas que describió como intentos de invocar inmunidad y de apelar al Derecho Internacional Humanitario.
¿En qué consiste la estrategia de defensa de Nicolás Maduro?
Barbosa indicó que esas líneas buscan presentar a Maduro como jefe de Estado y como combatiente, pero sostuvo que la discusión se dará sobre cargos comunes, no actos oficiales, y que para aplicar el DIH debe existir un conflicto armado internacional, afirmando que el caso corresponde a una acción contra el narcotráfico.
Sobre la detención, afirmó:
"No es probable una libertad en los próximos meses. La defensa no solicitó fianza en la audiencia y la fiscalía podía alegar riesgos de fuga, peligro para la comunidad y la gravedad del delito para oponerse" expresó.
Añadió que el proceso puede tardar entre dos y tres años y mencionó que el mismo juez conoce el caso del “Pollo” Carvajal, señalando que el sistema de delación funciona de abajo hacia arriba y que ese escenario podría convertirlo en testigo contra Maduro.
¿Puede discutirse la legalidad de la captura y afectar el proceso?
Consultado por la legalidad del operativo, Barbosa afirmó que el juez se concentrará en verificar si los cargos federales son válidos, si existe jurisdicción y si las pruebas y el procedimiento cumplen los requisitos, al margen del debate público sobre la captura.
Como antecedente, citó el caso de Manuel Antonio Noriega, en el que, según dijo, la justicia estadounidense determinó que las circunstancias de la captura no afectaban el trámite ni anulaban el proceso, priorizando la validez de los cargos y las pruebas.
"En etapas iniciales, algunas firmas aceptan poderes sin pago inmediato por la visibilidad del caso y la defensa sostiene que Maduro se presenta como presidente, lo que permitiría el uso de recursos públicos para costear la representación", explicó Barbosa acerca del pago de abogados.
En relación con la financiación, agregó que se alegó una “ausencia temporal” de Maduro y la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sin declarar ausencia total, lo que, según explicó, evita convocar elecciones en 30 días y permite márgenes de 90 días prorrogables.
También precisó que en la audiencia la defensa se limitó a pedir autorización para usar papeles en la preparación del caso y recordó que Maduro permanecerá detenido hasta una nueva cita judicial, fijada para el 17 de marzo, dentro del calendario procesal establecido.
Barbosa reiteró que el eje del análisis judicial será la revisión técnica del expediente, la competencia del tribunal y la solidez probatoria, insistiendo en que esos factores, y no las controversias externas, guiarán las decisiones que se adopten durante el proceso conforme a los criterios expuestos en la audiencia y a las reglas del procedimiento federal aplicable al caso.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.
