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El ministro del interior, Armando Benedetti, salió al paso ante la polémica que generó en sectores del Gobierno la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el decreto de convocatoria a la consulta popular, iniciativa que plantea 12 preguntas sobre los derechos laborales.
“Lo único que preocupa ahora realmente es lo político: que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, nombre los conciliadores, que se apruebe en gran medida el texto del Senado y que se vote la conciliación. Ahí es donde está el meollo del asunto”, explicó el ministro.
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A este mismo tema se sumó el presidente Gustavo Petro, quien manifestó que: “Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad, solo una sala ha suspendido transitoriamente. El decreto que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica”.
Además, llamó al Congreso a mantener su palabra: “claro que la mesa directiva de Senado, puede usar la suspensión para detener la conciliación y acabar con los derechos recién adquiridos por millones de trabajadores de Colombia, o puede cumplir su palabra; ya no es ante mí, como presidente, es ante el pueblo, y no es una amenaza, el pueblo tendrá la última palabra, porque es el poder soberano, el verdadero dueño del poder”, aseguró el mandatario.
Igualmente, el ministro del Interior dijo que la jurisprudencia actual respalda que no se requiere un concepto previo para expedir el decreto de convocatoria, y que es la Corte Constitucional la que debe definir su validez.
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“La ley dice que no y ya. La Corte Constitucional dijo que no. Nosotros remitimos el decreto a la Corte. Luego, es allí donde debe decidirse si es inconstitucional o no. Ese es el punto”, agregó.
También advirtió que, si bien la decisión del Consejo de Estado genera debate, no corresponde a esta corporación declarar la inconstitucionalidad de un acto administrativo, lo que podría llevar a un eventual “choque de cortes”, aseveró.
El ministro del Interior insistió en que ese debate jurídico no es prioritario frente a los tiempos legislativos actuales: “Esa es una pelea jurídica que poco interesa entre hoy y el viernes, que es cuando se debe votar la ley. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: mientras se apruebe un buen proyecto de ley que sea progresista. Lo único claro es que no se necesita el decreto para convocar elecciones”, puntualizó.
