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La Corte Suprema de Justicia tiene cinco días para analizar las pruebas y las respuestas de la indagatoria al congresista Mario Castaño y definir su situación jurídica, es decir, si permanecerá en la cárcel y se mantiene el proceso en su contra por corrupción en la concreción ilegal de contratos.
Al finalizar la indagatoria ante el magistrado Misael Rodríguez, se ordenó que el congresista permaneciera detenido en la cárcel La Picota. Ese traslado se efectuaría en la tarde de este lunes 13 de junio.
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Hasta el momento el congresista no ha aceptado ninguno de los cargos que lo señalan de supuestamente hacer parte de ese entramado de corrupción, él se sostiene en su inocencia y una de las tesis de la defensa es que muchas de las actividades ilegales se habrían hecho a sus espaldas. Sin embargo, no se descartaría una eventual colaboración con la justicia.
Castaño apenas supo el día de la indagatoria sobre las razones por las cuales se inició la investigación en su contra, y por qué eventualmente iría a un juicio penal por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado, concusión y estafa.
Lo que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia es evaluar si Castaño tuvo una injerencia en las actuaciones irregulares que hicieron algunas personas y su defensa iniciará con la estrategia para demostrar que él es inocente.
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Sin embargo, fuentes del proceso señalaron que las imputaciones son concretas, de hecho, las más de 300 horas de interceptaciones en su contra serían contundentes.
“Al sindicado se le investiga por presuntamente liderar una organización criminal de amplio alcance que, probablemente, no se ha desmantelado del todo aún”, se indica en el documento de la Corte.
Esas investigaciones iniciaron tras una compulsa de copias que hizo la Fiscalía, luego de la captura de nueve personas que también estarían implicadas en esa red de corrupción.
El expediente contra el congresista nombra contratos presuntamente corruptos en la construcción de canchas bajo el lema ‘sacúdete al parque’ en las que supuestamente el congresista recibía alrededor de 100 millones de pesos por cancha construida.
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También se nombran contratos de la producción de licores en el Chocó; la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte; Proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
