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La Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia la condena de 48 meses de prisión (cuatro años) en contra del exmagistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del Tolima, Carlos Alvarado, por el delito de privación injusta de la libertad.
Los hechos sucedieron el 11 de marzo de 2010, cuando el entonces magistrado envió a prisión por cinco días al abogado Miguel Caballero en plena audiencia, quien buscaba interponer un recurso contra una decisión del magistrado en un proceso contra sus clientes.
El entonces magistrado pensó que con ese recurso el abogado ponía en tela de juicio sus decisiones y su imparcialidad, le ordenó salir de la audiencia y cómo él no acató la orden, le impuso la medida de arresto.
“Emitida la orden los agentes de la Policía detuvieron al abogado para luego conducirlo hasta la sede del entonces Departamento Administrativo de Seguridad del Tolima”, dicen algunos de los apartes de la sentencia.
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En medio del proceso contra el magistrado, la Fiscalía señaló que se había sobrepasado en sus funciones, porque no le permitió al abogado defenderse, “ni le permitió solicitar reconsideración de la decisión que acababa de tomar”.
“Tenía pleno conocimiento que su actuar iba en contravía del procedimiento previsto legalmente para imponer la sanción de arresto establecida en la normatividad (…) Se mantuvo en su postura, a tal punto que persistió inclusive ante la solicitud posterior del Ministerio Publico de revocar dicha decisión”, señaló la Corte.
El exmagistrado buscaba tumbar esa condena impuesta en mayo de 2021 con el magistrado Jorge Caldas como ponente, pero la sala de segunda instancia de la Corte Suprema no se lo permitió luego de concluir que había cometido un error como magistrado.
“No se duda, así, que dentro del presente asunto se probó más allá de toda duda razonable, que el procesado Carlos Gonzalo Alvarado Gaitán privó de la libertad al abogado Miguel Antonio Caballero Sepúlveda, abusando de sus funciones, en la medida en que soslayó el debido proceso y violó de manera flagrante los derechos fundamentales a la defensa y contradicción, lo que indudablemente generó una trasgresión del derecho a la libertad del profesional del derecho”, señaló la Corte en la decisión.
