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La Corte Suprema de Justicia ordenó pruebas en el estudio de extradición de Juan Larinson Castro alias ‘Matamba’ quien se fugó de la cárcel la Picota en Bogotá el pasado 17 de marzo y en la actualidad se desconoce su paradero.
En medio de ese proceso, el despacho de la magistrada Myriam Ávila ordenó la práctica de pruebas; pidió información a la Fiscalía de Pasto y Tumaco sobre los procesos pendientes contra el jefe de la subestructura Cordillera sur del ‘Clan del Golfo’ y considerado mano derecha de alias ‘Otoniel’.
El despacho de la magistrada también revisa el fallo de septiembre de 2021 emitido por un juzgado de la Sala de Justicia y Paz que lo condenó a 40 años de prisión por diferentes hechos de violaciones a los derechos humanos.
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En medio de ese estudio, la Corte ya identificó plenamente a alias ‘Matamba’ como la persona que es requerida en extradición por el Gobierno de Estados Unidos para que responda en ese país por delitos relacionados con narcotráfico.
“La Nota Verbal n.° 1275 del 8 de enero de 2021, por cuyo medio se formalizó el pedido de extradición, se informa que Juan Larinson Castro Estupiñán, es ciudadano colombiano, titular de la cédula de ciudadanía n.° 13.107.932 y se aporta copia de una fotografía”, señala el documento de la Corte.
A alias ‘Matamba’ se le señala de hacer parte de una organización que trafica drogas ilegales desde el año 2017 desde Colombia hacia Estados Unidos.
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Mientras el estudio de extradición avanza, se conoció que la Fiscalía lo acusó formalmente ante un juez de Pasto por su presunta responsabilidad en varios crímenes y otros delitos cometidos en los municipios de Leiva, Cumbitara, El Rosario y Policarpa.
Actualmente alias ‘Matamba’ se encuentra prófugo de la justicia tras escaparse con la complicidad de la guardia de la penitenciaria de La Picota en Bogotá a medianoche del jueves 17 de marzo pasado.
Luego de su fuga, la Interpol emitió una circular roja para intensificar su búsqueda en 196 países, especialmente en Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá, mientras que las autoridades colombianas mantienen una recompensa de 2.000 millones de pesos para quien suministre información que permita su recaptura.
