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Más de 30 organizaciones defensoras de Derechos Humanos firmaron una carta en la que le pidieron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, suspender la entrega de protocolos y lineamientos para la protesta en la ciudad, solicitados por la justicia colombiana.
En el documento conocido por RCN Radio, aseguraron que en ningún momento se realizó concertación alguna con esas organizaciones y agregaron que se están malinterpretando las órdenes judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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María Angélica Prada, docente de jurisprudencia y parte de quienes interpusieron una tutela por uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en las protestas, dijo que no es necesario un decreto para garantizar las movilizaciones de los próximos días en la capital.
"Contrario a lo que dice la Alcaldía, no es necesario sacar un decreto para dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal de Cundinamarca, sobre todo la orden de urgencia a corto plazo, sino que se pueden tomar otro tipo de medidas administrativas para garantizar las movilizaciones", dijo.
Agregó que "el protocolo que se debe emitir en cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, solo puede emitirse después de llevar a cabo un proceso participativo y nosotros sostenemos que este debe hacerse en Bogotá en el marco de la mesa de trabajo sobre el derecho a la protesta que ya existe", agregó.
La experta también indicó que "este decreto fue una ganancia en la protección del derecho a la protesta que se logró a través de un amplio proceso participativo y este proyecto de decreto que publicaron es un retroceso tanto en términos de confianza y participación, como en términos de regulación de la protesta", sentenció.
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La carta fue enviada también al secretario de Gobierno de la capital colombiana, Luis Ernesto Gómez, a la magistrada de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Nelly Villamizar y en más de diez páginas explican la inconveniencia de emitir el decreto.
Algunas de las organizaciones firmantes son la Red Universitaria Distrital de Derechos Humanos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), EntreRedes, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Colectivo Jurídico Popular, entre otras.
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