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El reclutamiento de exmilitares colombianos para que se sumen a guerras en países como Sudán, Haití, Afganistán, Rusia y Ucrania, sigue en aumento, según el reporte de las autoridades internacionales.
Incluso, las investigaciones han dejado en evidencia la existencia de falsas empresas de seguridad y de otros servicios que engañan a los militares para que se sumen a estos conflictos en el exterior.
Ante este panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que los militares son engañados con falsas promesas de trabajo o les ofrecen altas sumas de dinero y otros beneficios con el fin de llevarlos a los países en guerra.
Las habilidades en defensa y seguridad de los militares colombianos, hace que estos reclutadores se interesen en ellos para convertirlos en mercenarios.
Sanción de Estados Unidos
La situación de los mercenarios colombianos ha escalado tanto, que el Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones en las últimas horas.
Según lo anunció el Departamento de Estado, de Estados Unidos, el país "impuso sanciones a una red transnacional que recluta a exsoldados de Colombia, incluso niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán".
Se trata de cuatro personas y cuatro entidades, sancionadas "por su papel en el fomento de la guerra civil en Sudán y sus devastadoras consecuencias".
Según el gobierno estadounidense, estas personas y entidades pertenecen a una red transnacional, compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianos, que recluta a exmilitares colombianos para luchar en las Fuerzas de Apoyo Rápido, conocidas como RSF, con paramilitares sudanesas, y entrena a combatientes, incluidos niños.
"Las sanciones de hoy interrumpen una importante fuente de apoyo externo a las RSF, lo que degrada su capacidad para utilizar combatientes colombianos cualificados para perpetrar actos de violencia contra la población civil", dice el documento del Departamento de Estado.
El informe también revela que "las RSF, con el apoyo de combatientes colombianos, capturaron la capital de Darfur del Norte, El Fasher, el 26 de octubre, tras sitiar la ciudad durante 18 meses, y luego llevaron a cabo asesinatos en masa de civiles, torturas por motivos étnicos y violencia sexual".
En consecuencia, el Gobierno de Estados Unidos señaló que su objetivo es "evitar que la guerra civil en Sudán desestabilice la región y convierta al país en un refugio seguro para quienes amenazan los intereses estadounidenses".
¿Quiénes son los sancionados?
Según se conoció, uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".
Además, fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra y su esposa, Claudia Oliveros Forero, quien ha estado involucrada en su gestión. También la corporación Maine Global, con sede en Bogotá, y su director Mateo Duque Botero.
Estas sanciones impiden el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en este país y la prohibición de apoyo financiero o material.
Proyecto de ley sobre mercenarios
Con 94 votos por el Sí y 17 por el No, la Cámara de Representantes aprobó, en cuarto y último debate, el Proyecto de Ley N° 579 de 2025, conocido como el 'Proyecto sobre Mercenarios', impulsado por el Ministerio de Defensa.
Esta iniciativa buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.
Es por ello que, luego de un mensaje de urgencia, la Cámara de Representantes aprobó la adopción de la Convención de la ONU contra el mercenarismo, por parte del Estado colombiano.
Ante la creciente presencia de mercenarios colombianos, casi todos ex miembros de la Fuerza Pública, en diferentes conflictos y guerras en países como Sudán, Haití, Afganistán, Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa propuso un proyecto que le pone freno a este fenómeno.
Con esta decisión, una vez se convierta en Ley de la República, Colombia se unirá a los 41 Estados que ya han ratificado esta Convención de la ONU, por lo que el país adquirirá herramientas vitales para fortalecer la seguridad nacional y desestimular el reclutamiento en el territorio nacional.
De igual manera, obliga a la Nación a facilitar la investigación y sanción de conductas relacionadas con el mercenarismo, a través de la cooperación internacional.
