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La muerte del abogado Javier Ordóñez en medio de un operativo policial en donde se presentó un abuso de fuerza por parte de los dos uniformados que sometieron al hombre de 46 años, mediante choques eléctricos en el barrio Villa Luz, desató una ola de violencia en Bogotá y otras ciudades del país.
En medio una jornada de protesta, marcada por acciones violentas, han aparecido diferentes voces ciudadanas que manifiestan un descontento ante un posible accionar benevolente por parte de la justicia penal militar, hacía los uniformados involucrados en el caso de Javier Ordóñez.
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En diálogo con La FM, Francisco Bernate, abogado penalista, señaló que la situación desatada por la muerte de Javier Ordóñez pone en evidencia que la ciudadanía desconfía de la justicia penal militar que "desafortunadamente no presenta los resultados que se desearían ver".
"La justicia penal militar en su momento era implacable cuando juzgaba a los civiles y a su vez muy suave con los militares, pues quienes fungían como jueces eran personas a las que se les respetaba su alto rango en la institución. Pero con la constitución del 91 ya se le retiró la facultad de juzgar civiles".
Bernate resaltó que la justicia penal militar no ha dado buenas señales de su diligencia ante la opinión pública y señaló que una prueba de ello es el caso de la muerte de Dylan Cruz,proceso que está en manos de esta instancia desde hace tiempo y por ahora no se han visto resultados.
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"Por esta clase de situaciones es por lo que la ciudadanía siente que habrá impunidad", reiteró el abogado.
Por otra parte, Francisco Bernate indicó que en un primer momento se podría decir que se produjo un homicidio preterintencional, pues no se quería matar al hombre, pero finalmente este falleció. Sin embargo, el video también revela un abuso de fuerza, "es evidente que el ciudadano llegó a solicitar que se detenga la agresión y esta se multiplica, de hecho, un policía llega a decir que 'esto no se queda así'".
Agregado a esto, el abogado penalista resaltó que aún se desconoce qué fue lo que ocurrió en el CAI, sin embargo, precisó que sí hay elementos para establecer que hubo un componente de sevicia en el procedimiento policial.
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Cabe destacar que el coronel Alejandro Castro, jefe del área de derechos humanos de la Inspección de la Policía Nacional, anunció que el caso de Javier Ordóñez está en manos de la Justicia Penal Militar.
"Se corrió traslado a la Justicia Penal Militar y el juzgado 143 de instrucción penal ya abocó conocimiento del caso", dijo Castro durante el comité Civil de Convivencia, mesa de Policía y Derechos Humanos, convocada por la Alcaldía de Bogotá a propósito de la muerte de Ordóñez.
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En el marco de ese comité la Procuraduría manifestó que decidió asumir el proceso disciplinario que adelantaba la Inspección de la Policía respecto a este caso. El ente tambíen ordenó la práctica de pruebas para lograr "identificar a los uniformados que participaron en la inmovilización del ciudadano, así como del uso que se dio en el operativo a la pistola taser”.
Con estas acciones se busca aclarar la participación que habrían tenido los uniformados durante ese proceso contra Javier Ordóñez. De igual manera, se busca determinar y aclarar el trato que se la habría dado a Ordóñez una vez fue conducido en una patrulla de la institución.
