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Uno de los crímenes que conmocionó al país y al Huila en enero de 2023 fue el de la menor María Camila Plazas Luna, asesinada por Jonathan Francisco García Tapias, quien llevaba dos días de haber salido de la cárcel tras cumplir una condena por abuso sexual.
La menor fue asesinada cuando se encontraba en su casa, en el barrio La Virginia; allí fue abordada por Jonathan Francisco García Tapia, quien la atacó con un arma blanca. Al parecer, ante la resistencia de la menor, le ocasionó varias heridas en la espalda que derivaron en su fallecimiento.
En este ataque, el hombre mató a la mascota y también dejó herida a Luz Marina Valderrama, abuela de la niña María Camila, quien sufrió una herida con arma blanca en el pecho cuando intentaba defender a la niña.
Luis Miguel Guaqueta, abogado de la familia, indicó que “desde junio de este año, de la instalación del juicio oral, lo único que se ha avanzado es con la declaración y la recepción de la señora abuelita de la niña. Es decir, en seis meses prácticamente se ha escuchado a un testigo, con privado de la libertad”.
Uno de los crímenes que conmocionó al país y al Huila en enero de 2023 fue el de la menor María Camila Plazas Luna, asesinada por Jonathan Francisco García Tapias, quien llevaba dos días de haber salido de la cárcel tras cumplir una condena por abuso sexual.
La menor fue asesinada cuando se encontraba en su casa, en el barrio La Virginia; allí fue abordada por Jonathan Francisco García Tapia, quien la atacó con un arma blanca. Al parecer, ante la resistencia de la menor, le ocasionó varias heridas en la espalda que derivaron en su fallecimiento.
En este ataque, el hombre mató a la mascota y también dejó herida a Luz Marina Valderrama, abuela de la niña María Camila, quien sufrió una herida con arma blanca en el pecho cuando intentaba defender a la niña.
Luis Miguel Guaqueta, abogado de la familia, indicó que “desde junio de este año, de la instalación del juicio oral, lo único que se ha avanzado es con la declaración y la recepción de la señora abuelita de la niña. Es decir, en seis meses prácticamente se ha escuchado a un testigo, con privado de la libertad”.
Según explicó el abogado, en materia, digamos, de juicios penales, existen dos parámetros que permiten la preferencia de un caso.
El primero tiene que ser cuando se trata de casos contra niños o niñas, y el segundo es cuando se trata de casos con personas privadas de la libertad. A pesar de que este caso tiene las dos condiciones, se ha logrado solo la declaración de un testigo en seis meses.
“Las posibilidades de que él quede en libertad en marzo son bastantes, son, digamos, muy cercanas, debido a que el conteo de términos desde la instalación del juicio, que fue en julio, es de 240 días para que el juicio, digamos, concluya", señaló.
Indicó que "como todas estas actividades no han sido ni siquiera dilaciones de la defensa, sino que han sido a cargo del juez, de la señora juez y del Inpec, pues evidentemente esos 240 días estarían suplidos para marzo, y como consecuencia se habilitaría la posibilidad de que este señor Tapias procediera a recobrar su libertad. Es un riesgo muy cercano”, puntualizó el abogado.
El proceso está cerca de cumplir tres años y no avanza. “El primero es que, en nuestro sentido, la señora juez no le ha dado cabal, digamos, respeto o tratamiento especial al caso, en atención a que es contra una niña, y hay un pliego a la libertad, lo cual equivale a que ella ha procedido a fijar fechas muy lejanas", sostuvo.
"Dentro de ese contexto existen excepciones, justamente son esas, que se trata de delitos contra niños, niñas o adolescentes, o que haya personas privadas de la libertad. No obstante ello, aquí se fijan fechas, o sea, han fijado fechas con varios meses, digamos, de distancia, lo cual, pues, favorece un eventual vencimiento de términos”, afirmó.
Según el abogado, otro factor que ha entorpecido el proceso tiene que ver con el Inpec, porque cuando se hacen las fechas lejanas en su espacio, entre una y otra, pues el organismo no procede a conectar al capturado.
Como es obligatorio, salvo que el señor Tapias renuncie a ese derecho, pero al que asiste, digamos, la posibilidad de comparecer a su juicio, la judicatura no puede pasar por ese derecho, y como consecuencia, si él no es conectado, no se puede realizar la audiencia.
Este caso se convierte en uno más con miles de trabas e inconvenientes que dejan abierta la posibilidad de que los capturados y responsables de delitos graves queden en libertad por vencimiento de términos.
Hay decepción ante el proceso con la justicia; la mamá de la niña sigue estando muy pendiente de los resultados y el avance de este proceso en todo momento, digamos, al 100%. Sin duda alguna, esta realidad lo que ha llevado, o lo que ha generado, es que ella se sienta defraudada frente a la administración de justicia.
Ante la gravedad del caso y el poco avance, este es un caso que en el mes de enero cumple tres años.
Las audiencias preparatorias debieron concluir en 2023, pero fueron aplazadas por errores administrativos, fallas en notificaciones y omisiones del juzgado, lo que retrasó hasta junio de 2025 el inicio del juicio oral.
Aunque el Tribunal Superior de Neiva ordenó garantizar las audiencias programadas, estas no se han cumplido.
Además, señalan que el Inpec ha tenido incumplimientos al no conectar al procesado en varias diligencias. Esta acumulación de fallas deja abierto el camino para que un procesado por feminicidio capturado en flagrancia quede en libertad.
Según explicó el abogado, en materia, digamos, de juicios penales, existen dos parámetros que permiten la preferencia de un caso.
El primero tiene que ser cuando se trata de casos contra niños o niñas, y el segundo es cuando se trata de casos con personas privadas de la libertad. A pesar de que este caso tiene las dos condiciones, se ha logrado solo la declaración de un testigo en seis meses.
“Las posibilidades de que él quede en libertad en marzo son bastantes, son, digamos, muy cercanas, debido a que el conteo de términos desde la instalación del juicio, que fue en julio, es de 240 días para que el juicio, digamos, concluya", señaló.
Indicó que "como todas estas actividades no han sido ni siquiera dilaciones de la defensa, sino que han sido a cargo del juez, de la señora juez y del Inpec, pues evidentemente esos 240 días estarían suplidos para marzo, y como consecuencia se habilitaría la posibilidad de que este señor Tapias procediera a recobrar su libertad. Es un riesgo muy cercano”, puntualizó el abogado.
El proceso está cerca de cumplir tres años y no avanza. “El primero es que, en nuestro sentido, la señora juez no le ha dado cabal, digamos, respeto o tratamiento especial al caso, en atención a que es contra una niña, y hay un pliego a la libertad, lo cual equivale a que ella ha procedido a fijar fechas muy lejanas", sostuvo.
"Dentro de ese contexto existen excepciones, justamente son esas, que se trata de delitos contra niños, niñas o adolescentes, o que haya personas privadas de la libertad. No obstante ello, aquí se fijan fechas, o sea, han fijado fechas con varios meses, digamos, de distancia, lo cual, pues, favorece un eventual vencimiento de términos”, afirmó.
Según el abogado, otro factor que ha entorpecido el proceso tiene que ver con el Inpec, porque cuando se hacen las fechas lejanas en su espacio, entre una y otra, pues el organismo no procede a conectar al capturado.
Como es obligatorio, salvo que el señor Tapias renuncie a ese derecho, pero al que asiste, digamos, la posibilidad de comparecer a su juicio, la judicatura no puede pasar por ese derecho, y como consecuencia, si él no es conectado, no se puede realizar la audiencia.
Este caso se convierte en uno más con miles de trabas e inconvenientes que dejan abierta la posibilidad de que los capturados y responsables de delitos graves queden en libertad por vencimiento de términos.
Hay decepción ante el proceso con la justicia; la mamá de la niña sigue estando muy pendiente de los resultados y el avance de este proceso en todo momento, digamos, al 100%.
Sin duda alguna, esta realidad lo que ha llevado, o lo que ha generado, es que ella se sienta defraudada frente a la administración de justicia. Ante la gravedad del caso y el poco avance, este es un caso que en el mes de enero cumple tres años.
Las audiencias preparatorias debieron concluir en 2023, pero fueron aplazadas por errores administrativos, fallas en notificaciones y omisiones del juzgado, lo que retrasó hasta junio de 2025 el inicio del juicio oral.
Aunque el Tribunal Superior de Neiva ordenó garantizar las audiencias programadas, estas no se han cumplido.
Además, señalan que el Inpec ha tenido incumplimientos al no conectar al procesado en varias diligencias. Esta acumulación de fallas deja abierto el camino para que un procesado por feminicidio capturado en flagrancia quede en libertad.
