La FM en Google News
La Corte Constitucional le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar los "incumplimientos" del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las órdenes del alto tribunal de ajustar la unidad de pago por capitación (UPC), el monto que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado.
Con ponencia del magistrado Carlos Camargo, exdefensor del pueblo y parte del ala más conservadora de la Sala Plena, la Corte emitió un auto de 49 páginas que expone que el Ministerio de Salud se rehúsa a obedecer las órdenes de la justicia.
El ministro Jaramillo tiene 48 horas para pronunciarse. La Corte abrió un incidente de desacato en su contra porque "persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC". Aunque el auto compulsa copias a la Fiscalía, también cuestiona su labor.
La Corte emitió nueve órdenes en total. La tercera de ellas, que la cartera sanitaria "acredite técnicamente la suficiencia del valor de la unidad de pago por capitación" tanto en el régimen contributivo como en el subsidiario, sin basarse solamente en la inflación.
El ministerio, asimismo, tiene tres meses para formular un "plan inmediato de acciones en salud" que delimite qué problemas tiene el actual sistema de salud, qué estrategias plantea el Gobierno, cómo pretende implementarlas y cómo podría evaluarlas o ajustarlas.
Además de Carlos Camargo, la decisión de la Corte tiene las firmas de Vladimir Fernández, quien aclaró su voto —es decir, estuvo de acuerdo con las órdenes del auto, pero no del todo con su justificación, o viceversa—, y de Miguel Polo Rosero, parte del sector más liberal.
El preocupante balance del sistema de salud
Los togados son parte de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, uno de los fallos más decisivos en la historia de la Constitucional. La Corte reconoció a la salud como un derecho fundamenta e identificó fallas medulares que el Estado debe superar.
Pese a que el alto tribunal lleva diecisiete años impartiendo directrices y exigiéndoles a varias entidades que tengan un papel más activo en el esquema de atención a pacientes y prevención de enfermedades, "la mayoría de órdenes estructurales aún no se cumplen", según un comunicado.
"Las políticas públicas del Gobierno nacional no han respondido de manera adecuada ni eficaz a los problemas estructurales identificados en la Sentencia T-760 de 2008, toda vez que persisten deficiencias" en las finanzas del sistema, añadió la misiva.
El balance de la Corte es alarmante. Las tutelas por la atención sanitaria han aumentado. En 2023 la justicia recibió poco más de 197 mil acciones de amparo, mientras que en 2024 el dato fue de más de 265 mil, lo que significa un incremento de un 34%.
Y en 2025 la cifra solo creció, incluso sin que el año haya terminado. La mayoría de estrados saldrán de vacancia judicial en una semana, pero la atención de tutelas, como defiende derechos fundamentales, no se detiene. A 14 de noviembre de 2025 las demandas eran más de 270 mil.
Las peticiones, quejas y reclamos (PQRS) por medicamentos tampoco frenan. Nueva EPS, Compensar, Mutual Ser y otras quince EPS —entre las veintinueve que operan en el país— reportaron en los últimos dos años más de 622,6 mil PQRS buscando medicinas.
La Procuraduría también evalúa la crisis de la salud
Para la Corte, en el país persiste "la ausencia de implementación adecuada de la política pública en salud". El Ministerio de Salud se ha basado principalmente en la inflación para aumentar la UPC, alegando que las entidades prestadoras de salud no rinden cuentas honestamente.
Sin embargo, usar el índice de precios al consumidor como criterio único es "una decisión técnica limitada que no corresponde a la realidad operativa, epidemiológica y financiera del sistema de salud". O sea que no es suficiente para que el esquema sanitario funcione.
"La Corte evidencia fallas metodológicas en la estimación de la UPC" en 2025, así que insistió en que la cartera de Protección Social debe adoptar "mecanismos robustos, transparentes y auditables" para que la unidad de pago "refleje adecuadamente las realidades".
Camargo, Fernández y Polo le solicitaron a la Fiscalía y al Ministerio Público iniciar investigaciones disciplinarias y penales, y que "ejerzan con mayor rigor y oportunidad sus funciones". La Superintendencia de Salud tendrá que adoptar "un rol activo y verificable".
La Procuraduría, de hecho, también se pronunció este viernes. El ente de control emitió un informe de siete páginas que documenta más de veinte investigaciones disciplinarias por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso a servicios y malversación de recursos.
Según el organismo, Colombia ha experimentado "un deterioro progresivo" en la estructura del sistema de salud, "lo cual pone en riesgo las vidas de muchos colombianos". La intervención del Gobierno a Nueva EPS no contuvo el costo de servicios, que representó hasta el 121% de sus ingresos.
