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La Sala Plena del Consejo de Estado dejó en firme el fallo de la Procuraduría General con el que destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos al general (r) Mauricio Santoyo Velasco por su responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales que se adelantaron contra un grupo de defensores de derechos humanos cuando era director del Gaula en Medellín.
La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez indicó que la decisión proferida por el Ministerio Público en contra del oficial de la Policía Nacional no tuvo irregularidades y se amparó completamente en la ley.
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"La Sala Plena contenciosa resolvió la sanción estaba bien impuesta y que la sanción no estaba afectada por ninguna causal de nulidad, además se entró a considerar que el Procurador General podía delegar en sus asesores el adelantamiento de la indagación preliminar en este y en cualquier otro caso disciplinario”, sostuvo la magistrada.
Sobre ese caso el oficial en retiro había pedido revisar este caso señalando que en 2006 el mismo Consejo de Estado anuló provisionalmente los efectos de dicha sanción por lo que Santoyo continuó su carrera y pudo lograr su ascenso en el año 2007.
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El general Santoyo fue sancionado por ordenarle a sus subalternos la interceptación de casi 1.800 llamadas telefónicas con una orden judicial falsa.
Para poder acceder a los bancos de chuzadas, el oficial del Ejército indicó que se adelantaba una investigación en contra de organizaciones criminales en Medellín.
Sin embargo, en el proceso disciplinario se estableció que dichas líneas telefónicas eran de defensores de derechos humanos y líderes sociales que, en muchos casos, habían denunciado las acciones ilegales de grupos paramilitares con agentes de la Fuerza Pública en la ciudad.
La información obtenida en esas ‘chuzadas’ le fue entregada a grupos paramilitares. Este grupo armado ilegal ordenó el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) el 19 de mayo de 1997 en Medellín.
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