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La vacancia judicial está a punto de terminar. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia están en receso colectivo formalmente hasta el 10 de enero, y retomarán sus actividades tres días después. La agenda de los altos tribunales promete estar cargada.
Antes de que las vacaciones iniciaran al Consejo de Estado llegó un oficio de dos páginas y veinte enlaces que llevan a expedientes de demandas contra el Decreto 639 de 2025, con el que el presidente Gustavo Petro convocó a una consulta popular en junio del año pasado.
Petro citó al mecanismo ciudadano porque el Congreso bloqueaba su reforma laboral. El Gobierno pretendía implementar la iniciativa a través de doce preguntas, como una forma de presión para que el Legislativo aprobara la norma, como ocurrió finalmente tras una apelación.
Cuando la plenaria del Senado avaló la reforma, el presidente derogó el decreto. Mientras estuvo vigente, llegaron veinticuatro demandas en su contra a la Corte Constitucional. Un mes después, al alto tribunal arribó un magistrado nuevo: Héctor Alfonso Carvajal Londoño.
El Senado eligió a Carvajal en mayo. El amigo del jefe de Estado, que años atrás fue su abogado y en junio de 2022 fue su puente con el expresidente Álvaro Uribe, se posesionó como togado frente a Petro en una ceremonia en la Casa de Nariño el 3 de julio.
El primer portazo de la Corte y las súplicas en su contra
Quince días después, Carvajal rechazó la veintena de demandas contra el Decreto 639, el de la consulta popular. El despacho del jurista de 67 años recibió las acciones de constitucionalidad el 7 de julio, luego de cuatro días del sorteo que lo puso al frente de los procesos.
Carvajal, como sustanciador, firmó un auto que en 68 páginas se esforzó por argumentar que la Corte Constitucional no tenía competencia para pronunciarse sobre el decreto, pues, al ser un acto administrativo, le correspondía al Consejo de Estado.
"No existe norma expresa que le asigne la competencia a la Corte Constitucional para examinar la constitucionalidad del decreto de convocatoria para aprobar o improbar una consulta popular", sostuvo el magistrado tras resumir los alegatos de las demandas.
También se basó en que el mandatario suprimió el decreto. "Esta corporación no tiene competencia para analizar la constitucionalidad de normas derogadas", insistió, y añadió que "ninguna de las demandas explica de posibles efectos" que la normativa "se encuentre generando".
La Sala Plena analizó en septiembre la decisión de Carvajal, sin él. Cuatro demandantes y dos entidades del Gobierno —el Ministerio de Justicia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre)— presentaron recursos de súplica para que la Corte tomara una postura distinta.
La Corte reabre el debate y le reclama a Carvajal
El alto tribunal sacó de tajo al Ejecutivo de la discusión porque las súplicas solo proceden cuando las presentan los demandantes. Los otros cuatro recursos "proponen un cuestionamiento relevante" sobre "una actuación errada del magistrado sustanciador", planteó el plenario.
La Corte debatió si Héctor Carvajal debía retomar el examen de las demandas, y llegó a la conclusión de que sí. En veintitrés páginas, un tercio de las que el bogotano utilizó para rechazar los escritos, la Corte narró que su razonamiento en julio estuvo a medias.
Para la Sala, no existía certeza sobre la falta de competencia del tribunal más poderoso, sino suspicacias que debieron resolverse entre los seis magistrados y las tres magistradas que conforman el pleno. Carvajal, en términos simples, se saltó la deliberación:
"Siempre que existan dudas sobre la competencia de la Corte Constitucional para conocer una demanda de inconstitucionalidad, deberá privilegiarse la admisión, de tal forma que sea la Sala Plena quien, en sentencia y luego de haberse surtido un debate público, dirima dicha cuestión".
La Sala plasmó su perspectiva en un auto que apenas notificó el 4 de diciembre. No hubo salvamentos de voto, ni siquiera del magistrado Vladimir Fernández Andrade, el exsecretario jurídico de la Presidencia a quien Gustavo Petro ternó en octubre de 2023.
Una avalancha de demandas en la Corte y en el Consejo
El documento expresa que, precisamente porque el decreto está derogado y porque tanto al Consejo como a la Constitucional llegaron demandas, "se trata de un asunto complejo" que debería abordarse "luego de la participación de la ciudadanía" y del procurador general, Gregorio Eljach.
"Bajo esa perspectiva, no puede afirmarse, desde ahora, que la Corte sea manifiestamente incompetente", remató el alto tribunal, que revocó el auto de hace seis meses de Carvajal y le remitió los cuatro expedientes contra el Decreto 639 que siguen vivos.
La Corte lanzó así un revés más para el especialista en derecho electoral que llegó a la cima de su carrera luego de haber sido conjuez del Consejo de Estado. El 24 de noviembre la Plena lo sacó de la discusión de la reforma pensional, que podría caerse en 2026.
Andrea Romero, secretaria general de la Corte Constitucional, le envió el 11 de diciembre al Consejo de Estado tanto el auto de julio de Carvajal como el de septiembre de la Sala Plena. Veinte expedientes que no quedaron en manos del magistrado aterrizaron en la siempre tajante Sección Quinta.
El 13 de enero comenzará a definirse el rumbo de un 2026 decisivo para las cortes, que encararán los últimos meses de la administración de Petro en medio de asuntos clave, como la emergencia económica, el escándalo de Gestión del Riesgo o decretos controversiales, como el de la consulta popular
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