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El ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, expresó su respaldo a la reciente decisión de la Contraloría General de la República, en relación con el caso de la Unión Temporal Centros Poblados, destacando que esta medida debe ser tomada como una base para que la Fiscalía General de la Nación evalúe los daños y tome las decisiones correspondientes contra los involucrados.
La Contraloría emitió un fallo de responsabilidad fiscal, por un monto de 87.027 millones de pesos, contra Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados.
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“Felicitamos a la Contraloría General de la Nación por esta decisión y debería ser la base sobre la cual la fiscalía general de la nación evalúe los daños para para las decisiones que debe tomar sobre los implicados”, escribió Lizcano en su cuenta de X.
Esta organización era la encargada de implementar tecnologías de conectividad en escuelas rurales a través de un contrato público, pero no cumplió con los objetivos previstos.
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El contrato, que tenía como propósito instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país para garantizar conectividad gratuita en zonas apartadas, no fue ejecutado conforme a lo pactado.
Según la Contraloría, la ejecución fue ineficaz y tardía, ya que la Unión Temporal no entregó los equipos necesarios, lo que derivó en la terminación anticipada del contrato. Además, se les exigió la devolución de los recursos públicos ya desembolsados.
Uno de los aspectos del caso es que la Unión Temporal presentó una garantía bancaria falsa, lo que facilitó el inicio del proyecto y el desembolso de 70.000 millones de pesos, pese a que el cronograma de ejecución no se cumplió. El fallo también señala a otros responsables.
Juan Carlos Ángel, representante de la empresa proveedora de equipos, y Paola Izquierdo, representante del consorcio interventor, aprobaron órdenes de pago sin verificar la documentación necesaria.
No obstante, la Contraloría exoneró de responsabilidad a Adriana Meza, delegada legal, quien fue informada del incumplimiento en mayo de 2021, y a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual, quien, según el fallo, actuó conforme a los procedimientos requeridos, pero fue engañada por el consorcio.
