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En medio de la creciente tensión por los paros de mineros y campesinos en Santander, Juvenal Díaz Mateus, gobernador del departamento, compartió su perspectiva en una entrevista con La FM de RCN. La situación se complica con la reciente fuga de alias Pichi, un criminal que ha causado estragos en la región.
Díaz Mateus informó que actualmente hay “dos bloqueos, uno en la entrada hacia Málaga y dos entradas hacia el municipio de Los Santos, además de otro hacia el páramo de Berlín”. Según el gobernador, estas acciones son el resultado de “las peticiones de las comunidades”, que buscan atención y soluciones a sus demandas.
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El gobernador destacó la preocupación de los campesinos en el páramo de Almorzadero, quienes sienten que están siendo desplazados de sus tierras. “Dicen que sí a la protección del páramo, pero tenemos que tener en cuenta la limitación. En el caso del Almorzadero, nos están prácticamente sacando del territorio. El presidente Petro estuvo en Málaga hace cuatro meses y prometió que no nos sacarían, pero nos están sacando por inanición porque nos quitan la posibilidad de subsistir”, afirmó Díaz Mateus.
El problema en el páramo de Berlín, según el gobernador, está relacionado con la minería tradicional: “Estamos intermediando con el gobierno nacional para dar soluciones a las comunidades. Los campesinos están preocupados por su subsistencia, y en el caso de Santander, los mineros tradicionales están en desacuerdo con la minería ilegal que realizan grupos como el Clan del Golfo”.
Aunque Díaz Mateus aclaró que no apoya las vías de hecho, subrayando que los campesinos y mineros sostienen “es la única forma que tienen para que los escuchen”. Hizo un llamado al gobierno nacional para enviar delegados que puedan asumir la responsabilidad en la resolución de estos conflictos. “Si se envía un delegado nacional, nosotros estamos dispuestos a mediar para que esto se solucione rápido, revisando especialmente el decreto de Santurbán”, aseguró.
Además, el gobernador expresó su frustración ante la falta de atención a las necesidades de las comunidades, indicando que “la gente dice por qué nos intentan imponer; apliquen el Decreto de Escazú, escúchenos y téngannos en cuenta”. Díaz Mateus también señaló que es fundamental combatir la minería ilegal, que está contaminando las fuentes hídricas en los páramos.
En otro tema, Díaz Mateus se refirió a la fuga de alias Pichi, enfatizando que “ofrecemos una recompensa de 150 millones de pesos y esperamos que otras instituciones ayuden a aumentar esa recompensa”. Lamentó que este incidente haya dejado en evidencia las debilidades del sistema penal y del INPEC: “Uno se pone a ver y a veces se capturan a los bandidos en 2011 y el juicio es en 2019, ya no hay pruebas”.
El gobernador concluyó con la esperanza de que el gobierno central se comprometa a brindar garantías para resolver los conflictos en la región y así mejorar la seguridad y bienestar de las comunidades afectadas.
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