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El expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, en el poder con el gobierno de Iván Duque, deberá responder a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia este 8 de octubre, por un presunto caso de manipulación de testigos.
El alto tribunal citó a Uribe "para escucharlo en diligencia de indagatoria", según un oficio judicial publicado por el dirigente en su cuenta de Twitter. Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, está siendo investigado por soborno y fraude procesal.
El caso por el que el expresidente puede eventualmente ir a juicio se remonta a 2012. Ese año presentó una denuncia contra el legislador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema por un supuesto complot con testigos falsos que intentaba involucrarlo en actividades criminales de los grupos paramilitares que combatieron por décadas a las guerrillas.
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En un insospechado giro, la justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que abrió en marzo de 2018 una investigación previa contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra el opositor. El senador Uribe, que alega inocencia, renunció entonces a su curul por sentirse "moralmente impedido" para mantener el cargo y asumir al tiempo su defensa.
Sin embargo, poco después se echó para atrás y se mantuvo en el Senado, desde donde ejerce una fuerte influencia en el gobierno del presidente Iván Duque, su protegido político y cuyo partido, Centro Democrático, participará en elecciones locales el 27 de octubre. "Seguramente he cometido errores, pero jamás delitos, yo defiendo mi honra con toda vehemencia", dijo el mandatario el viernes en un acto público en la ciudad de Girardot.
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Una vez sea escuchado en la Corte Suprema de Justicia, los magistrados deberán determinar si Uribe sigue respondiendo en libertad a la investigación en curso o, por el contrario, ordenan su captura mientras concluye el proceso. La defensa de Uribe ha calificado el expediente como "un montaje", aduciendo que varias de las pruebas contra él fueron recabadas de forma ilegal mediante interceptaciones telefónicas. La ley sanciona con hasta ocho años de prisión los delitos por los que será indagado el expresidente.
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