¿Opinar en redes sociales puede constituir el delito de traición a la patria?

Francisco Barbosa: opinar no es delito; traición a la patria no aplica a comentarios políticos y la incautación de buques se rige por órdenes de EE. UU.

A través de un análisis político en La FM, el exfiscal general Francisco Barbosa afirmó que las denuncias anunciadas por miembros del Gobierno por presunta traición a la patria contra congresistas que, presuntamente, respaldaban declaraciones de Donald Trump sobre posibles intervenciones o ataques contra Colombia. no tienen relevancia penal y explicó los alcances jurídicos de la incautación de buques bajo órdenes judiciales de Estados Unidos.

Durante la entrevista, Barbosa se refirió a los anuncios hechos por los ministros de Justicia y de Trabajo sobre la presentación de denuncias contra algunos congresistas por comentarios relacionados con la situación bilateral con Estados Unidos. Según señaló, “estos hechos no tienen relevancia penal” y no encajan en los tipos penales vigentes.

El exfiscal explicó que el delito de menoscabo de la integridad nacional no está diseñado para sancionar opiniones políticas ni expresiones en redes sociales. "Esta figura penal se orienta a conductas de carácter grave, como colaborar con potencias extranjeras para someter al país, y requiere actos reales y eficaces que pongan en riesgo la integridad nacional", indicó.

¿Opinar puede constituir traición a la patria en Colombia?

Barbosa precisó que un mensaje en redes sociales no tiene la capacidad de causar el daño que exige ese tipo penal. En ese sentido, afirmó que “confundir una reacción política con un ataque a la soberanía es forzar el derecho penal”. Añadió que la responsabilidad penal en Colombia se construye sobre la existencia de dolo, es decir, la intención de cometer un delito.

En los mensajes emitidos por los congresistas mencionados, Barbosa señaló que se observa una intención política de cuestionar al Gobierno, mas no un propósito de debilitar al Estado. “Opinar no es delinquir”, reiteró durante su análisis, al subrayar que el derecho penal no puede utilizarse como respuesta inmediata frente a controversias políticas.

El exfiscal recordó que el derecho penal es la última herramienta del Estado y no la primera reacción ante el disenso. En ese contexto, mencionó un antecedente judicial relevante: un auto de la Corte Suprema de Justicia, emitido el 29 de mayo de 2025, en el que se inadmitió una denuncia penal similar presentada contra congresistas que viajaron a Estados Unidos.

De acuerdo con Barbosa, esa decisión de la Sala de Instrucción refuerza la interpretación de que las manifestaciones políticas y los actos de control político no configuran, por sí mismos, conductas penales relacionadas con la traición a la patria o el menoscabo de la integridad nacional.

¿Qué implicaciones legales tiene la incautación de buques por Estados Unidos?

En relación con la incautación de buques, Barbosa explicó que estas acciones se derivan de un régimen sancionatorio de Estados Unidos y se sustentan en órdenes judiciales emitidas por ese país. Recalcó que dichas órdenes autorizan la incautación por presuntas violaciones a ese régimen, dentro del marco legal estadounidense.

El exfiscal señaló que este tipo de actuaciones está vinculado con la estrategia de seguridad de Estados Unidos, conocida públicamente semanas atrás, la cual redefine las prioridades geoestratégicas en la región. Según explicó, ese documento establece que ese país actuará para controlar influencias externas mediante despliegues marítimos.

Barbosa destacó que estos despliegues no se limitan a la lucha contra el narcotráfico, sino que también buscan analizar inversiones consideradas estratégicas. En cuanto al destino del producto incautado y de los buques, afirmó que, según lo expresado por Donald Trump, los recursos quedarían bajo administración estadounidense.

Señaló que esos recursos podrían destinarse a atender reclamaciones presentadas por ciudadanos venezolanos en Estados Unidos. Explicó que existen demandas internas en ese país y que los fondos podrían utilizarse para “las reparaciones que están pidiendo cientos de venezolanos”, dentro de las alternativas jurídicas que se evalúan para las etapas posteriores del proceso.

*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM.


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